• 12/agosto/2010 •

Atrapados bajo tierra

<b>María Ester Feres</b><br>Directora Centro de Relaciones Laborales Universidad Central.

María Ester Feres
Directora Centro de Relaciones Laborales Universidad Central.

A diferencia del terremoto, los 33 trabajadores que se encuentran sepultados bajo toneladas de tierra en la Mina San José, no son “achacables” a avatares imponderables de la naturaleza. Aquí las responsabilidades son sólo humanas: del propietario de la empresa, del Estado, del organismo administrador del seguro de la ley 16.744 correspondiente y de los actores políticos y económicos.

En nuestro país, en el ámbito del trabajo, se hace caso omiso de la primera de todas las garantías constitucionales: “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. Si bien las personas no debiesen salir de sus hogares a morir o enfermarse en el trabajo, debemos lamentar la muerte de más de un trabajador por día. Oficialmente, en 2009, fallecieron 443 trabajadores/as sólo entre enero y marzo de 2010 la cifra se elevaba a 155 personas, todas asalariadas que, tratando de ganarse la vida, la perdieron en el trabajo por culpa de otros. Éstas no incluyen los accidentes graves ni los daños permanentes a la salud física y psíquica, todos posibles de evitar a través de sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales.

Nadie discute la necesidad de crecer económicamente, el problema es el cómo y para qué hacerlo. Vivimos en una sociedad que subordina importantes bienes sociales y públicos a las reglas del mercado; con insuficientes políticas redistributivas; con una priorización de la cantidad por sobre la calidad de los empleos, de los mínimos sociales por sobre una distribución más igualitaria de la riqueza y del poder, etc. De otra parte, sólo hace una década hemos logrado tasas de accidentabilidad bajo el 10%; también, se ha avanzado en algunas normas protectoras, incluso con amplias mayorías parlamentarias – emblemática es la Ley de Subcontratación – sin que nuestros parlamentarios le hagan el debido seguimiento, ni experimenten indignación alguna cuando mediante fallos judiciales se las convierte en algo insustancial, sin contenidos, desvirtuándolas en su esencia.

Finalmente, a pesar de algunos logros, no existe una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contamos con una diversidad de organismos públicos con facultades dispersas, superpuestas, sin una institucionalidad que los estructure sistémicamente. Ello lleva a descoordinaciones, a la priorización del tema según el criterio de la autoridad política responsable (recordemos que el actual gobierno ni siquiera hace mención a la salud laboral en su Programa) o, por último, a la aberración de que algunos ministerios sectoriales entiendan que su función es representar intereses corporativos empresariales, en contraposición a los roles esenciales del Estado.

Existen suficientes antecedentes para afirmar que en el caso de SERNAGEOMIN el problema de fondo no se resuelve sólo con más capacidad inspectiva, ni con la renuncia de un director, sino con el cambio drástico de una larga práctica ministerial que no acepta coordinarse con las áreas de salud y trabajo – relevantes en los planos normativo e inspectivo- y con la revisión de sus políticas y lineamientos, en tanto éstas sólo se preocupan del crecimiento económico del sector por sobre cualquier consideración sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Sin perjuicio de ello, sería recomendable examinar exhaustivamente la intervención de las autoridades de trabajo, salud y las propias mutuales en estos luctuosos hechos.

Ojalá que el sufrimiento enorme de los mineros atrapados y de sus familias nos lleve a debatir seria y profundamente como país una Política de Estado en Seguridad y Salud en el Trabajo, basada en la gestión de la prevención de riesgos, con la participación de todos los actores involucrados, a ratificar los Convenios de la OIT y a asumir otras normas internacionales relevantes, entre ellas, la OSHAS 18.001.

María Ester Feres.

Publicado: 12/08/2010

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