• 21/agosto/2009 •

Crecimiento de la Violencia Intrafamiliar ¿Cuánto hay de cierto?

<b>Iván Fuenzalida Suárez</b><br>Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público.

Iván Fuenzalida Suárez
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público.

La semana pasada un vespertino informó que entre el primer semestre de 2008 y el mismo período de 2009 las denuncias por violencia intrafamiliar crecieron en un 26,3%. A través de la entrevista a un fiscal, agregó que este incremento probablemente obedece a la crisis económica, además de una mayor cercanía del sistema de justicia a las víctimas. Esta información inició un debate entre quienes cuestionan las políticas públicas diseñadas para enfrentar el fenómeno y quienes se defienden argumentando que las denuncias aumentan porque las mujeres se sienten hoy más apoyadas y protegidas.

Esto me recuerda una situación similar iniciada a fines de 2003, cuando una comisión de expertos, convocada por el Ministerio de Justicia para evaluar la entonces incipiente Reforma Procesal Penal, incluyó en su informe unas breves líneas en que afirmaban que existía una franja de impunidad respecto de los delitos menores que propiciaba un incremento de los niveles de inseguridad de la población, A partir de ello, se hicieron ingentes esfuerzos por mejorar la calidad de la respuesta penal que el sistema estaba dando a los delitos menores, se invirtieron cuantiosos recursos en crear unidades de trabajo especialmente dedicadas a mejorar la atención del sistema a estos delitos y se impartieron numerosas instrucciones a los fiscales, quienes vieron fuertemente incrementada su carga de trabajo por la atención que debieron dispensar a infracciones de escasa lesividad. Sin embargo, antes de tan costosas medidas, nadie dijo cuales eran los delitos menores ni justificó la existencia de la aludida franja de impunidad.

Un estudio posterior del Ministerio Público demostró que los delitos menores recibían incluso una mejor respuesta que los delitos más graves. Probablemente, todo lo que se hizo antes de este estudio era necesario. No obstante, dado el análisis posterior, con seguridad existían otras áreas del quehacer persecutorio penal que demandaban más prioritariamente esa especial atención.

Algo parecido está pasando ahora. Las lecturas que se han hecho de la publicación aludida apuntan a que la violencia intrafamiliar ha aumentado y que las políticas públicas en esta materia han sido ineficaces. Sin embargo, un análisis más detenido de los cambios operados en el sistema de persecución penal en relación con la materia, obligan a cuestionar tal conclusión.

Lo que hizo el medio de prensa fue tomar el total nacional de denuncias por violencia intrafamiliar registradas en el primer semestre de 2008 y compararlo con el total 2009. Ese ejercicio arroja, efectivamente, un aumento de 26,3% de las denuncias. Sin embargo, la información disponible en la página web del Ministerio Público, que se descompone en los datos de cada región, da cuenta de que en la Región de Coquimbo, en los períodos comparados, estas denuncias crecieron en un 112, 68%. En la zona Metropolitana Occidente el aumento fue de 88,1% y en la Región de Los Lagos de 86,8%. En otras tres regiones el incremento fue inferior al 10% y una de ellas registró una disminución de 2%. Si siguiéramos las conclusiones de la publicación, sus lectores, tendríamos que coincidir en que la crisis económica ha influido negativamente en la convivencia de las familias en varias regiones, mientras que en una la ha beneficiado. Además, tendríamos que llamar urgentemente a intervenir con medidas propias de una zona de catástrofe en esas regiones en donde el fenómeno parece haberse duplicado en el último año.

Pero nada de esto sucede porque la explicación al crecimiento de las denuncias es bastante más simple: en la Región de Coquimbo y en otras siete regiones del país, durante el año 2008, se implementaron medidas orientadas a mejorar los sistemas de detección y registro de estos casos y se implementaron programas pilotos de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. Durante el 2009, otras regiones se han ido sumando a ese esfuerzo.

Alguien podría cuestionar la efectividad de los programas pilotos. Hasta ahora no conozco los resultados de sus evaluaciones. Sin embargo, una cosa es segura: experiencias como la de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente han permitido identificar mucho mejor los casos que se enmarcan en este fenómeno.

Como en esta región el proceso se inició antes que en otras, los resultados se reflejaron en mediciones anteriores y consiste en que las denuncias que antes se registraban como un simple delito de lesiones o amenazas, hoy pueden ser identificadas como un delito de violencia intrafamiliar porque se han mejorado los mecanismos de rescate de información de las propias víctimas, se han perfeccionado los procesos de trabajo de estas denuncias y se han optimizado los procesos de digitación y registro de la información. Así, sin descartar el crecimiento natural que los índices de criminalidad experimentan año a año, el desmesurado crecimiento de las denuncias por violencia intrafamiliar no nos habla de un incremento del fenómeno sino sólo de una correcta identificación de los casos.

En esta materia, como en otras, todavía queda mucho por hacer y mejorar, pero sería útil que llamáramos la atención de las autoridades respecto de las verdaderas deficiencias del sistema. Por ejemplo, mejorar la oferta pública y privada de tratamiento especializado para los agresores. Meparece que esto podría ayudar a proteger a las víctimas de la violencia al interior de las familias.

Iván Fuenzalida Suárez

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