• 17/agosto/2009 •

Demandas de tierras y estado de derecho, el centro del conflicto

<b> Christian Martínez Neira</b><br>Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de Santiago de Chile.

Christian Martínez Neira
Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de Santiago de Chile.

Aunque pueda parecer insólito, la constitución legal de las tierras mapuche se terminó de establecer hace menos de ochenta años. Se trata de tan sólo tres o cuatro generaciones. Es un error común pensar que la ocupación y colonización de la Araucanía es de larga data, que es un conflicto de varios siglos y que las actuales reivindicaciones se pierden en el tiempo. Se trata de reivindicaciones ampliamente sentidas por las familias mapuche y cuya actualidad no está en duda.

En la sociedad mapuche actual, como en toda sociedad, hay en su interior una competencia por imponer liderazgos y estrategias. Sin perjuicio de ello, en general, todas las comunidades que han reivindicado distintos retazos de predios, han apelado a los procesos institucionales establecidos según la ley 19.253, de 1993 (ley indígena). No es cierto que algunos se hayan saltado tales procedimientos. Las diferencias se presentan a la hora de ser tramitados por la burocracia indigenista. Las priorizaciones de adquisición las maneja Conadi, en especial, el Consejo, quienes actúan como verdaderos mediadores de tierras, favoreciendo a unos y postergando a otros. Si lo miramos en perspectiva, se trata de administrar la pobreza. En esas circunstancias, no es de extrañar que las comunidades terminen por frustrarse.

Las comunidades han fundamentado sus reivindicaciones en diversas situaciones históricas donde consideran que no se les han reconocido sus tierras originales o éstas han sido expoliadas por la acción de terceros, pero siempre al alero de alguna ley del Estado chileno. La corresponsabilidad del Estado de derecho chileno es evidente, como se describe en alguna de las siguientes situaciones.

a) Las tierras en disputa están dentro de los límites de las reducciones conformadas por el Estado chileno, luego de la ocupación de la Araucanía. Entre 1884 y 1929, la Comisión Radicadora de Indígenas, otorgó alrededor de 3000 títulos jurídicos de dominio, bajo la denominación de Títulos de Merced. En el presente, parte de esas tierras no están en manos mapuche.

b) Las autoridades de la época no reconocieron todas las extensiones de tierras sobre las que tenía «propiedad» y jurisdicción el conjunto de familias radicadas. A estas tierras se les denomina por la literatura especializada las «tierras antiguas». Se trata de las tierras no reconocidas por el Estado, pero de las cuales existen antecedentes de posesión mapuche.

c) Una tercera fuente de legitimidad de estas demandas, se basa en el acceso a tierras que tuvieron en las décadas de 1960 y 1970, por medio de la Reforma Agraria. Hubo tierras que se le entregaron a comuneros mapuche y luego les fueron arrebatas en el Gobierno militar. Estos son casos muy particulares, como el del fundo Estados Unidos en Lumaco.

d) Por último, se señala una cuarta justificación para sostener demandas de tierras que en la actualidad están en manos de latifundistas y agricultores no mapuche. La reconstitución de los lof o antiguos espacios de jurisdicción de un longko. Para hacernos una idea, un lof pudo dar origen a dos y hasta seis «reducciones» actuales, es decir, alcanzar hasta unas dos mil hectáreas, según sea el caso. No hay una cifra única. La reconstitución de antiguos territorios de liderazgo indígena es una reivindicación más reciente y está en la base de conflictos como el de Temucuicui.

Como se podrá apreciar, la génesis de los actuales conflictos por tierras se remonta al irregular proceso de constitución de la propiedad legal en el sur del país. Ya sea porque hay particulares que se han apropiado de tierras dentro de los Títulos de Merced (legalizadas bajo el Decreto Ley 2568, de 1978), ya sea porque no se respetaron las tierras antiguas o porque el Estado remató a forestales y latifundistas tierras a las que se tuvieron acceso por medio de la Reforma Agraria. Atendidas estas circunstancias, los líderes mapuche tienen razón cuando dicen que el responsable de las pérdidas territoriales es el Estado, pues se trató de un proceso donde éste actuó con arbitrariedad o no protegió adecuadamente los derechos de las comunidades mapuche ante la acción de sus propios funcionarios, particulares y empresas.

Se podría sostener, entonces, la necesidad de restablecer el derecho mapuche primero, a las tierras, así como a otros bienes sociales, culturales y políticos. El «Estado de Derecho» tiene que basarse en la equidad y el reconocimiento de los derechos de todos los habitantes de nuestra nación. Bien sabemos que legislación no es sinónimo de derecho. Es una equivocación plantear el llamado «conflicto mapuche» como una movilización contra el estado de derecho. Por el contrario, es necesario repensar éste a la luz de cuestionar aquél aparataje legal e institucional que ha favorecido a unos en desmedro de otros. Es lo que Rodolfo Stavenhagen denominó el «racismo estructural».

Christian Martínez Neira

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