• 03/octubre/2020 •

Derechos Sociales y Democracia

<b>José Antonio Valenzuela</b><br>Abogado y militante Evópoli

José Antonio Valenzuela
Abogado y militante Evópoli

Hay un extenso e interesante debate en torno a la necesidad y forma de consagrar derechos sociales en una Constitución, discusión que probablemente será una de las más acaloradas en un eventual proceso constituyente. Tradicionalmente en este debate es fácil distinguir dos posturas contrapuestas. 

Un primer grupo de personas no considera los derechos sociales como verdaderos “derechos”, por cuanto su satisfacción depende del nivel de desarrollo y bienestar de la sociedad en que se consagran y, por lo mismo, su incorporación en un catálogo de derechos fundamentales tendría un rol puramente simbólico. Para ellos, este tipo de derechos serían una especie de cuento que nos contamos entre nosotros, pero en el que nadie realmente cree, una suerte de fábula, como aquella que se le cuenta a un niño antes de dormir. 

Su contraparte ha criticado esta forma de entender los derechos sociales, cuestionando el “costo” como elemento diferenciador entre estos y los derechos civiles y políticos. Señalan que todos los derechos tienen un costo asociado, y que así como garantizar el derecho a la salud implica importantes recursos por parte del Estado, lo mismo sucede con el derecho a la seguridad, o al voto. Siguiendo esta lógica los derechos sociales son derechos en la misma medida que cualquier otro, y deben tener por tanto una acción para hacerlos valer ante los tribunales de justicia.

No obstante, la crítica es justa, este enfoque sustrae de la política el asunto más político de todos, el de fijar prioridades, el de asignar órdenes en la fila. Entregar asuntos eminentemente políticos a los jueces implica que estos decidan sobre materias de interés general a través de decisiones de casos particulares, perdiendo una visión sistémica, que considere los infinitos intereses legítimos que luchan por ser priorizados. Ignora el hecho de que en sociedad hay solo un número limitado de intereses que pueden ser satisfechos, y una cantidad enorme que deben quedar sin respuesta. Finalmente, esta forma de asignar recursos no permite que quien adjudica lo haga en virtud de una propuesta a la ciudadanía, que sea electo en base a esa propuesta y finalmente rinda cuentas por su decisión. 

Así, en una discusión en la que vemos a quienes claman por el blanco, mientras que otros piden el negro, estamos quienes venimos a proponer el gris, quienes creemos que los derechos sociales son necesarios por cuanto hacen explícita la necesidad de garantizar ciertas condiciones mínimas que posibilitan el ideal de la democracia liberal, esto es, que cada persona pueda perseguir su propio plan de vida, siempre entendiendo que, identificar cuáles son estas condiciones, es algo que estará en permanente evolución. 

En este sentido, un derecho social como el derecho a la vivienda no permitirá exigir en tribunales que se me entregue una casa, pero sí protegerá ante una política de subsidios habitacionales que discrimina a una persona o grupo de personas (subsidios que se entregan con enfoques políticos, por ejemplo), y generará mandatos concretos al legislador, con estándares exigentes en base a los cuales podrá determinarse a futuro la constitucionalidad de una política pública. 

De esta forma, los derechos sociales podrán continuar siendo garantías reales y efectivas de las condiciones que permiten un proyecto liberal, pero sin socavar uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, esto es, el que es la técnica la que entrega antecedentes para la toma de decisiones, son los políticos los que las toman y los jueces quienes aseguran su cumplimiento.

José Antonio Valenzuela
Abogado y militante Evópoli

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