• 20/agosto/2010 •

Detención de jóvenes Mapuche

<b>Myrna Villegas</b><br>Especialista en tratamiento jurídico del terrorismo. Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Central.

Myrna Villegas
Especialista en tratamiento jurídico del terrorismo. Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Central.

“Recientemente hemos tomado conocimiento de la detención de jóvenes mapuche, todos menores de edad (adolescentes para la Ley Penal a partir de 2006), entre ellos dos niñas. La característica común es su parentesco con dirigentes de distintas comunidades, las que han denunciado una vulneración a los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño.

Probablemente, si lo analizamos desde los parámetros de la legalidad encontraremos razones para tales detenciones en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Si lo analizamos desde los parámetros de la legitimidad en los Estados democráticos, uno de los cuales es el respeto y promoción de los derechos humanos, probablemente encontraremos dicotomías insalvables. En primer lugar, no debemos olvidar que es precisamente la Convención de Derechos del Niño (CIDN) la que impulsó los sistemas especiales de responsabilidad para adolescentes, marcando el tránsito del menor abandonado-delincuente como precisa categoría social al “adolescente infractor” como vaga categoría jurídica. De ahí, la crítica a este instrumento de “protección de los derechos humanos del niño” por su antojadiza confusión: el adolescente es un ser en formación, y nadie puede ser sujeto de derecho si no es sujeto de responsabilidades (García Méndez).

Con todo, y en segundo lugar, la Convención de Derechos del Niño establece una serie de restricciones a este sistema penal de adolescentes (nótese el cambio en el lenguaje, antes eran “menores infractores”) en relación al sistema penal de adultos, y que se traduce básicamente en una atenuación, cuestión que parlamentarios de la alianza, ad portas de la entrada en vigencia de la Ley, se encargaron de desvirtuar. Baste recordar la moción del senador por el Maule, Hernán Larraín, mediante la cual los menores entre 16 y 18 años en cierta calidad procesal deben tener dos años de cumplimiento efectivo de la pena, esto es, antes de obtener beneficios deben estar dos años privados de libertad, reforma que fue refrendada por el Tribunal Constitucional mediante el rechazo a la declaración de inconstitucionalidad. Esta restricción no existe en el caso de los adultos, los que en esa misma situación procesal sí pudieran obtener beneficios antes de dos años. Ésta entre otras inadecuaciones a la CIDN.

La aparente “atenuación” de este derecho de adolescentes no es sino el velo que cubre una peligrosa y sui generis extensión del derecho penal del enemigo, esto es, una legislación de lucha contra aquel “individuo que por su posición, forma de vida, etnia, o pertenencia a una organización ha huido de manera duradera del derecho” (G. Jakobs). En nuestro país, esta legislación de lucha en las actuales condiciones socio-políticas, amenaza con extenderse hacia sectores marginados de la sociedad (jóvenes delincuentes habituales a los que “hay que cerrarles la puerta giratoria”) y hoy alcanza ya no sólo a la dirigencia mapuche, sino directamente a sus hij@s o sobrin@s, a quienes se les acusa de haber participado en la comisión de delitos.

Entiendo que en las democracias, el Estado, antes de criminalizar, debe optar por impulsar políticas públicas destinadas a prevenir ilícitos penales. Eso implica, en este contexto, y a mi juicio, asumir su propia responsabilidad en los efectos psicosociales y psicológicos individuales de la violencia que ha impulsado a través de la criminalización de las demandas de este pueblo originario durante siglos, pero muy especialmente durante los últimos 12 años (desde el histórico conflicto Ralco). No parece que esto haya sucedido. No se ve por parte del Estado un mea culpa en torno al abuso de poder al sur del Bio Bio y que se ha traducido en muertes de comuneros (la última a plena luz del día en el marco de una ocupación, ya no de un incendio). Más bien parece existir un reforzamiento de la estigmatización de la que ha sido objeto históricamente Mapuche, que ha transitado desde el Mapuche flojo y borracho, al Mapuche terrorista.

Recibí hace poco una comunicación de una comunidad en la que se denunciaba el trato vejatorio a presos Mapuche en la cárcel de Angol. Decía este comunicado que una autoridad de Gendarmería de ese recinto se acercó al modulo de los Mapuche y les dijo: “ahora las cosas, con el presidente Sebastián Piñera van a cambiar, nosotros tomaremos el control de todos ustedes indios de mierda, delincuente y terrorista, a ver si le quedarán ganas de seguir reclamando tierra, cárcel y balas les daremos.

“Indio”, “delincuente”, “terrorista”. Con razón están atacando lo que seguramente el Estado considera “el germen del “terrorismo”. No veo otra explicación para que su fuerza punitiva se dirija precisamente en contra de menores hijas o parientes de dirigentes. Son mujeres, como todas las otras Mapuche que durante años han debido soportar la violencia de los allanamientos, que se lleven a sus padres o maridos. Mujeres que han tenido que cargar con el peso de la familia (los hijos, los hermanos pequeños) y de la cárcel cuando el padre o el marido está preso. Mujer que en ausencia del jefe de familia debe levantarse a cortar leña, a sembrar, a cosechar, a atender a los hijos, cocinar, darse tiempo para ir a la cárcel a ver al marido preso, en recintos normalmente muy alejados de sus comunidades, generalmente en otras ciudades. Así y todo, ella debe saber tener los cinco mil pesos que le cuesta moverse hasta la ciudad. Está triplemente oprimida (M.Lagarde:1988): carga sobre sí una opresión de género, porque es mujer, una opresión de clase, porque es pobre, y una opresión de etnia, porque es Mapuche. Ahora parece que también es delincuente, porque es joven, porque es Mapuche hija o sobrina de dirigentes.

Claramente los objetivos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que con un marcado criterio de eficacia pretendía servir ilusamente de “contención» (que no solución) a la delincuencia juvenil, están siendo desvirtuados en la cuestión Mapuche, transformando esta Ley y al sistema penal en su conjunto en un instrumento de manipulación política, que persigue crear verdaderos frentes de solidaridad ante lo que nos quieren hacer ver como “enemigo común” para confirmar una ideología de defensa de lo social.

Son síntomas de que el Derecho Penal chileno se está transformando en un instrumento de pedagogía social con el consiguiente recorte de garantías constitucionales, y más aún, en un medio de dirección social toda vez que pretende una homogeneización del cuerpo social al margen de la diversidad cultural. Esperemos que les pese el Convenio 169 y que sus efectos alcancen también al sistema penal, y que se promueva una reforma no sólo en la legislación, sino en la interpretación de los operadores del sistema penal, en donde “la investigación y el procedimiento racionales y justos” que nos garantiza tan pomposamente la Constitución, sea sinónimo de respeto a la diversidad cultural y a la consideración de la marginación que han sufrido los indígenas desde el propio Estado. Ya lo decía Juan Bustos (Q.E.P.D), “el respeto a la condición de la persona impide exigir responsabilidad a aquellas personas a quienes el propio sistema ha marginado” (Bustos: 1997).

El reconocimiento de los pueblos originarios no es un problema de dinero, no es un problema de derecho de propiedad ni de compra de terrenos, sino un problema de autonomía y de territorio”.

Myrna Villegas.

Publicado: 20/08/2010

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