• 09/octubre/2020 •

El “Estado Paralelo” en Chile y sus efectos sobre la gobernabilidad democrática

<b>Diego Durán Toledo</b><br>Administrador Público, Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile.

Diego Durán Toledo
Administrador Público, Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile.

Durante las últimas décadas, se ha destacado el efecto positivo de la participación ciudadana en la gestión pública, siendo un elemento que fortalece las organizaciones de gobierno, facilita la creación de valor público, fortalece nuestras instituciones democráticas y puede resolver problemáticas que a veces las instituciones públicas por sí solas y sin la participación de la ciudadanía, no pudiesen resolver.  

Sin embargo, por contraposición también durante estas últimas décadas no todos han visto en las debilidades que pudiesen llegar a presentar las instituciones estatales en múltiples materias, la posibilidad de construcción de nuevos elementos de desarrollo social para sus respectivas comunidades. Sino que, por el contrario, han visualizado este fenómeno como la oportunidad precisa para generar estructuras paralelas de funcionamiento en sus respectivos contextos sociales, en pos de la protección de sus intereses individuales y grupales, constituyendo verdaderos “Estados Paralelos”. 

Siguiendo a Briscoe, podemos entender el “Estado Paralelo” como el fenómeno de distorsionar la aplicación de una política gubernamental oficial a través de la protección y promoción de los intereses de algunas facciones que disfrutan de vínculos profundos y duraderos con el Estado, así como grupos organizados que capturan instituciones del Estado y se infiltran por los medios legales para controlar cupos de poder. 

La existencia del “Estado Paralelo” ha sido una constante en nuestras sociedades latinoamericanas, tales como son los casos del “Narco Estado” en países como en México o Colombia, la generación de verdades estructuras políticas, económicas y de protección social por parte del crimen organizado, en las favelas brasileras que brindan los servicios que el gobierno central o estadual no realiza, la vinculación de distintos grupos de poder económicos con el financiamiento de los actores políticos que determinan el accionar de las instituciones gubernamentales, para favorecer sus propios intereses empresariales a costa del bien común y el valor público, son solo algunos ejemplos de la existencia arraigada de este fenómeno en esta parte del mundo.

Nuestro país, no ha sido la excepción a la regla en esta materia.

La proliferación por ejemplo en los sectores populares de Santiago, del narcotráfico no solo como actividad delictual, sino que también como una organización que provee a sus vecinos, de distintos elementos relacionados con el bienestar social y seguridad, aprovechando las deficiencias de un Estado que no satisface las necesidades de dicha población y/o que lisa y llanamente se encuentra ausente en amplios sectores sociales, que han aprovechado estas organizaciones delictuales para constituirse con la autoridad legítima ya sea en base a la generación de verdaderas políticas asistenciales en estos sectores, las cuales generan valor público y por ende una lealtad por parte de sectores de la población a esta lógica de mecenazgo, o en su defecto, en base a la coerción por la fuerza y el miedo se han establecido como el “Estado” en estos lugares, donde se carece de una fuerte presencia de esta figura institucional. 

Por otra parte, es menester indicar que la figura del “Estado Paralelo” no solamente responde en su origen a contextos de alta vulnerabilidad y pobreza, sino que también al intento de los llamados “poderes fácticos” de implementar su propia visión al servicio de sus objetivos particulares, a través de la influencia que pueden ejercer sobre los distintos poderes del Estado, mediante mecanismos irregulares y al margen de la ley, como ha sido la demostración de los casos relacionados con el financiamiento ilegal de las campañas políticas en nuestros país, detrás del cual se encontraban grandes consorcios económicos tales como Penta y Soquimich. Lo anterior, no solo debilita la credibilidad ciudadana respecto al rol que ejercen las instituciones públicas respecto al resguardo del bien común, sino que también produce la sensación de la existencia de un Estado que estaría al servicio de los grupos de poder influyentes en materias políticas, económicas y sociales, a través de hechos de corrupción, que involucran a las más variadas personalidades e instituciones públicas,  los cuales han tenido importante repercusión durante los últimos años. Cabe destacar, que la ocurrencia estas acciones, puede ser una explicación a la generación del descontento social, manifestado a gran escala en este país, a partir de octubre de 2019. 

En este sentido, la generación de un “Estado Paralelo” ya sea a raíz de cualquier de los dos fenómenos explicados en los párrafos anteriores, produce un debilitamiento constante y progresivo de la legitimidad y del rol del Estado como institución y del gobierno de turno en su permanencia en el poder, lo cual no se traduce solamente el proceso de movilización creciente que ha vivido este país. Sino que más preocupante aún, en la descomposición orgánica de nuestras instituciones, la pérdida paulatina de legitimidad del estado por parte de sectores de la población y la validación de las prácticas implementadas por estas estructuras organizacionales alternativas, en virtud de las cuales se permitiría la consecución de los objetivos de grupos determinados, que el Estado por la vía institucional, no ha podido o está permitido de satisfacer. 

Lo anterior, puede generar un vacío de poder que impacte en la estabilidad democrática del país, propiciando las condiciones para posibles fracturas del sistema político y/o la cooptación por grupos determinados del manejo de las instituciones públicas a todo nivel. 

En este sentido, es tarea del Estado reducir las variables estructurales que pueden motivar la generación de estructuras organizacionales o de poder extrainstitucionales, en base principalmente al fortalecimiento del diálogo con la ciudadanía, en especial en los sectores populares donde es urgente que las entidades de gobierno sean las propulsoras de la construcción del “tejido social” en la comunidad, la que organizadamente pueda quitarle espacios en sus barrios al crimen organizado, como por otra parte establecer normativas que tiendan al endurecimiento de la corrupción como una forma de evitar la cooptación por ciertos grupos, sobre el accionar de las entidades públicas. 

Por último, medidas de este tipo junto con otras iniciativas de similar naturaleza, posibilitarán el debilitamiento del “Estado Paralelo” en nuestro país, pudiendo de esta manera salvaguardar nuestra estabilidad democrática e institucional, que es uno de los bienes más preciados con los que cuenta nuestra sociedad.

Diego Durán Toledo

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