• 10/agosto/2010 •

El nuevo sistema procesal penal y sus aspectos más relevantes

<b>Juan José Calabrano</b><br>Director Departamento de Derecho Procesal y Penal Facultad de Derecho Universidad San Sebastián.

Juan José Calabrano
Director Departamento de Derecho Procesal y Penal Facultad de Derecho Universidad San Sebastián.

Un especial comentario merece el nuevo modelo de administración de justicia implantado en Chile, atendido el nivel de delincuencia particularmente en la intercomuna y en un momento en que en nuestra región se ha producido un cambio en la Dirección Regional del órgano persecutor, que es una de las instituciones claves de la Reforma Procesal Penal.

Por lo anterior, y atendido el tiempo transcurrido desde su establecimiento, podemos señalar que el nuevo modelo ha significado un cambio orgánico-institucional y social, dado que la manera de impartir justicia en el orden penal en nuestro país se ha reemplazado por un sistema distinto que es, el acusatorio.

Esta reforma de la que somos testigos, ha venido a instaurar un proceso marcadamente acusatorio, estableciendo el juicio oral como etapa central del proceso y haciendo el procedimiento penal funcional a las principales garantías del debido proceso y se ha ocupado de dividir las distintas funciones de investigar, acusar a cargo del Ministerio Público y juzgar en los Tribunales de Justicia.

A la defensa también le corresponde hoy en día un rol relevante y se encuentra a cargo de la Defensoría Penal Pública

La reforma entró en vigencia en forma gradual, así el 16 de diciembre de 2000 comenzó a regir en nuestra Región el 16 de Diciembre de 2003.

Un dato ilustrativo es que al cumplirse en su momento cinco años de operación de la Fiscalía Regional del Bío Bío), el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, afirma que “los objetivos trazados en el periodo de instalación del Ministerio Publico se han cumplido en ésta región y estima imprescindible seguir mejorando el trabajo tanto en la persecución penal, como en relación con víctimas y testigos aspectos que, en definitiva son la razón de ser del Ministerio Público”.

La modernización del sistema procesal penal ha demandado nuevas exigencias en las distintas instancias con las que se relaciona, como el caso del Poder Judicial, en que se han creado programas de formación de jueces a través de la Academia Judicial, atendiendo a que las nuevas funciones requieren de parte de éstos, mayores conocimientos, habilidades y destrezas, dentro del nuevo contexto de sus funciones.

Igualmente ha sido notorio el fuerte impacto que el sistema procesal penal ha provocado en el abogado, lo cual ha conducido a una creciente especialización, entre aquellos que se dedican al área penal, por cuanto el esquema del juicio oral requiere una reacción rápida, gran capacidad de previsión y respuesta, despliegue argumental efectivo, una capacidad de persuasión adecuada, que les permitan un manejo instantáneo de técnica, norma y oportunidad al interior del juicio. Unido a lo anterior se encuentran los nuevos programas formativos de las facultades de Derecho, que han debido asumir este cambio, rediseñando las mallas curriculares de la enseñanza en Chile y colocando especial énfasis en aspectos tales como el entrenamiento de habilidades comunicacionales, que faciliten la oralidad, a través de talleres.

Se ha visto un avance en lo que dice relación con la duración de los procesos, cuya demora promedio era de cuatro años. Hoy en día, el tiempo promedio de duración de todo el proceso, desde la comisión del delito hasta el inicio del juicio simplificado, es de aproximadamente cuatro meses.

El subsistema privado implementado por la Defensoría Penal Pública ha significado importantes cambios en la abogacía y ha abierto un ámbito de ejercicio, en el cual se incorporan importantes recursos públicos para que el sistema privado asuma el ejercicio de la defensa. Esto ha llevado a que los abogados de ejercicio libre mejoren sus capacidades y destrezas de litigación, a objeto de poder contar con sistemas de defensa competitivas en el momento de concursar y –por cierto– eficientes, conforme a los estándares exigidos por la Defensoría Penal.

Para concluir, hay que mencionar que, si bien existen estudios que han arrojado una opinión favorable por parte de la población acerca del desarrollo de la Reforma Procesal Penal en la Región del Bío Bío, no es menos cierto que para que este cambio alcance a plenitud lo que se espera de él, hay que considerar ciertas percepciones negativas de la opinión pública en cuanto a las garantías procesales que se otorgan a los imputados en el nuevo sistema procesal penal.

En la medida que por las distintas vías se pueda ir abordando esa percepción negativa, se fortalecerá el nuevo sistema procesal penal en Chile y en particular en nuestra región.

Juan José Calabrano.

Publicado: 10/08/2010

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