• 30/agosto/2009 •

El problema mapuche ¿Un diálogo de sordos?

<b>Jorge Sanz Jofré</b><br>Analista Internacional, Profesor de Geopolítica, Magíster en Ciencias Militares, Doctor © en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local por la Universidad de Castellón, España

Jorge Sanz Jofré
Analista Internacional, Profesor de Geopolítica, Magíster en Ciencias Militares, Doctor © en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local por la Universidad de Castellón, España

Hay algunos que ponen el inicio del problema mapuche cerca del año 1860 en lo que se llamó la Pacificación de la Araucanía y es muy probable que eso resulte cierto; hay otros que señalan que durante el Gobierno del General Pinochet se habría abusado de los terrenos mapuche en beneficio de algún tipo de industria que ha explotado esos espacios geográficos y también puede que resulte cierto. Hay un tercer grupo que piensa que el problema mapuche existe por que la Concertación no ha querido o no ha sabido solucionar el problema y, podríamos seguir buscando un origen.

Lo que es efectivo es que son los menos los que han mirado el inicio real del nuevo problema indígena en un indigenismo nacido, con la fuerza actual, a partir de la caída del Muro de Berlín. Es lo que se ha llamado una amenaza emergente que ha aprovechado de ocupar un espacio que hasta ese 1989 estaba cubierto por la ideología. Pero eso ya es historia.

Lo interesante es mirar que es lo que está sucediendo puesto que se han dado demasiados pasos, el Estado de Chile ha cedido demasiados espacios geográficos y jurídicos y parece que el conflicto es cada vez mayor.

Se ha materializado un código de nuevo trato que opera desde el Gobierno del Presidente Aylwin; se ha buscado implementar un código de Conducta Responsable que significa que aquel inversionista que quiera comenzar un proyecto de desarrollo en los espacios que los indígenas reclaman como propios deberán buscar acuerdos con las comunidades y luego compartir los beneficios; otro camino ha sido el reconocimiento constitucional del “pueblo mapuche” (en verdad de cinco etnias), de sus costumbres, idioma, cultura, etc., para un grupo social que se ha incorporado voluntaria y mayoritariamente a la sociedad nacional en las ciudades.

Otro elemento que es importante incorporar en esta discusión es el Convenio 169 de la OIT que la Concertación lo tiene en su agenda desde el gobierno del Presidente Aylwin y que ha sido aprobado recientemente por el Legislativo.

¿En que incide todo esto?

Este problema tiene muchos condimentos; lo que hemos señalado son algunas de las variables que se han incorporado a la discusión y con ello empiezan los problemas de entendimiento. Veamos.

La violencia en la zona, producto sin duda de algunos factores relacionados con el conflicto mapuche, con algo ideológico y con un tercer ingrediente relacionado con el indigenismo internacional, fue enfrentado como “hechos aislados” y con esa política creció la violencia del conflicto; posteriormente, cuando lo evidente estaba en los ojos de todos, se quiso pasar de hechos aislados a hechos delincuenciales; sin embargo, los responsables podían ser encontrados in fraganti y nunca fueron tratados como delincuentes, eran tratados como comuneros mapuches (pero sólo de algunas comunidades), entregándoles con ello una “protección política” que los hechores lo agradecían y seguían en esa causa política; es decir, trasladamos el problema desde una cosa aislada, delincuencial, a una cosa política.

Junto con este tratamiento -aparentemente equivocado- existe un diálogo de sordos; a que me refiero con esto. Los indígenas han planteado cuales son sus requerimientos y entre ellos está contenido un concepto de territorio. El Estado de Chile ha diseñado una política de entrega de tierras con grandes restricciones particularmente en lo referido al derecho a propiedad. Pareciera ser lo mismo pero el concepto de territorio lleva implícito algo más que la propiedad del terreno. El territorio es uno de los Elementos Constitutivos del Estado, es decir, es un componente básico para alcanzar lo que están reclamando que es la constitución de un territorio mapuche. Es decir, cuando el Estado trabaja en la repartición de tierras, lo está haciendo sin llegar al fondo del problema. El lector podría pensar con toda razón que al no entregar tierras, la violencia sería mayor y la verdad es que aparentemente no, dado que mientras no se solucione el tema respecto del cual estamos conversando, no podemos seguir entregando espacios geográficos ni espacios jurídicos o de soberanía a un grupo social que no se diferencia de otros.

La legislación internacional que se aplica a este caso es de una complejidad importante para nuestro Estado puesto que restringe el actuar de este sobre los indígenas; por señalar algunas de las medidas.El Estado deberá consultar con las autoridades indígenas, prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, (art. 7); Al aplicar la legislación nacional deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario (art. 8) y así, muchos otras medidas que van creando a un grupo diferente y privilegiado dentro de la sociedad nacional.

En definitiva, en el conflicto mapuche se han visto muchas iniciativas y grandes esfuerzos adoptados por el Estado y ninguna de ellas ha podido detener la violencia. Pienso que lo primero es poner límites al actuar del Estado dado que, si la solución a la violencia es la entrega de tierras, podemos seguir entregando tierras hasta el Bío Bío.

Me parece fundamental centrar el problema y ponerle límites geográficos y políticos; convenir con los líderes de las comunidades reconocidas por el Estado, que los mapuches son ciudadanos chilenos, dentro de un Estado chileno, con un respeto por las costumbres como se respetan las costumbres de muchas otras comunidades organizadas, pero no ofrecer una discriminación “positiva” que lo único que hace es definir el estilo de vida de los mapuches y aislarlos como comunidad.

Da la impresión que mientras no se sepa dónde se termina el bolsillo del Estado y la voluntad de ceder jurisdicción, este problema no tiene solución.

Jorge Sanz.

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