• 17/noviembre/2009 • María Gladys Olivo
GPS para imputados
María Gladys Olivo
Directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Chile.
El uso de GPS para ejercer el control sobre la conducta de personas que han sido formalizadas por delitos cometidos, Constituye un sistema que se Aplicación en otros países desde hace bastante tiempo. En Chile recién se está gestando un debate entre las autoridades pertinentes respecto a la generación de condiciones para Implementar el llamado rastreo GPS como medida para abordar el hacinamiento en los sistemas carcelarios, En Virtud que existe aproximadamente una población penal de 40.000 personas.
La discusión sobre el uso de GPS Reviste una reflexión desde dos miradas: una alternativa institucional para el problema de exceso de población penal y otra ciudadana, que se entrecruza con dilemas éticos, valóricos y humanos.
Si bien la población de las Naciones Unidas parece estar a favor de que el plan piloto implementado por la Fiscalía Oriente se amplíe, es relevante Señalar que esta opinión tiene esencialmente una mirada desde el control de las personas portadoras, no es asi desde la educación o rehabilitación.
Porque, ¿Cuál sería la sanción para los imputados? Y ¿qué pasa con el sistema de rehabilitación? ¿Estará nuestro medio culturalmente preparado para la convivencia ciudadana de manera permanente y cotidiana con una persona procesada y además estigmatizada por el uso del GPS?
Si una persona está en situación de conflicto con la justicia, en prisión preventiva, al estar «libre» para el GPS portando circular, Estará inserto en la comunidad.
Además, si estos son GPS de alto costo de la ONU y de libre decisión de ee la persona, sólo quienes tengan recursos para cancelar el dispositivo (Cuyo valor oscila entre 150 y 200 dólares) y mantenerlo, podrán hacer uso de este aparato y en ese caso podría transformarse en un «beneficio» por la discriminación que disponibilidad de recursos económicos.
Como tema para el mundo de los profesionales del área social, de fondo hay la inquietud más bien por el ser humano que de representantes un sujeto procesado.
Fortalecer requerimos con urgencia nuestra sociedad en las formas de prevención precoz del delito, un Través de sistemas educacionales pertinentes e inclusivos donde se debiera invertir las mejores energías.
Por otra parte, si una persona ya se encuentra procesada, se debiera contar con programas de educación eficaces y social familiar, que eviten la ocurrencia de una nueva situación que lo ponga en conflicto con la justicia. Da la impresión que el GPS puede resultar un instrumento normativo fiscalizador y de control que aporte a los aspectos de gestión y disminuya la sobrepoblación de las cárceles, pero no pone en el centro de la discusión al ser humano, que requiere estar mirando el futuro en una vida constructiva.
Un GPS no resuelve el tema de fondo pero, al mismo tiempo, nos pone como en una sociedad complicada posición en nuestras prácticas éticas y humanas.
María Gladys Olivo.
Publicado: 18/11/2009
