El sacerdote Karadima es inocente. Eso hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y entonces por qué tanta alharaca entre la feligresía que se precipita a poner las manos al fuego por él? ¿Cómo fue que este episodio logró poner en jaque a la jerarquía eclesiástica chilena, enfrentando al arzobispo de Santiago con su subordinado directo, el obispo auxiliar Andrés Arteaga? Como si ya no fuera lo suficientemente difícil hacer girar ese pesado y gigantesco portaviones que es la Iglesia Católica, pasó exactamente lo opuesto de lo que Benedicto XVI le ha pedido a las iglesias locales; romper la política de tapar y negar. Y ahí persiste la porfiada pregunta: ¿Por qué sucede esto? En mi opinión, por dos razones: por una precaria internalización del principio de inocencia y una confusión entre el derecho y la moral, o más correctamente entre el derecho y la ética.

Así como en este caso algunos se apuran en absolver al sacerdote Karadima, otros desde la comodidad de sus casas condenan sin miramientos y de inmediato a los que por televisión son exhibidos como culpables cuando apenas son detenidos. Hacemos esta clase de cosas, sin distancia, sin siquiera pensarlo dos veces. Condenamos y absolvemos, según sea nuestro estado de ánimo. Lo hacemos porque no entendemos de que se trata el principio de inocencia, que dicho sea de paso, recién llegó a estas latitudes de la mano de la nueva justicia criminal. Este principio se asienta en el hallazgo hecho por la cultura anglosajona que probar hechos ocurridos en el pasado (todo delito se comete allí) es algo particularmente difícil. En la reconstrucción racional de eso, el pasado, hay que tomar distancia y actuar con saludable escepticismo. El juicio por jurados se establece en Inglaterra en 1215, luego de la abolición de las ordalías y sus horrores. El estándar de la duda razonable cuelga entre 1500 y 1800. En otras palabras el principio de inocencia y las reglas que indican como ponderar la prueba quedaron fijados ya al despuntar el siglo XIX. Por eso, estas cuestiones son parte del acervo cultural de esos pueblos, y por eso también no ocurre lo mismo entre nosotros. Es una importación no tradicional demasiado reciente. Así que no es de extrañarse.

Para colmo confundimos el derecho con la ética. Creemos que el derecho –especialmente el penal- es un sistema más sofisticado de reproche moral. No vemos lo que ingleses, norteamericanos y alemanes notaron hace tiempo. El derecho penal y procesal penal son salvaguardas a la libertad. Están ahí para evitar la tragedia de Joseph Ka, el personaje de Kafka, que un día al levantarse estaba detenido por dos policías que se encontraban al pie de su cama y no sabía por qué. De lo contrario bastaría con detener personas indiscriminadamente, sin pruebas, sin procedimientos, sin nada. ¿Cree usted que no vale la pena gastar dinero en delincuentes y que es mejor meterlos en una jaula y luego tirar la llave? Pues bien, el problema es que nadie anda con un cartel en el pecho que diga “delincuente” y por eso los juicios anticipados sólo ponen en el lugar de los juicios auténticos nuestros miedos y prejuicios. Nuestra nueva justicia criminal, entonces, está para que el sacerdote Karadima no tenga que batallar por su inocencia, sino para que sus acusadores tengan que hacerlo para condenarlo. Y eso vale no sólo para alguien de prestigio, querido y respetado por su feligresía, sino también para el más humilde de nuestros ciudadanos. A esos que la suerte ha deparado todo tipo de carencias y desventajas y que condenamos de inmediato mientras cambiamos de canal.   

Marcelo Toro.

Publicado: 28/04/2010