Polémica e indignación entre los “damnificados” o, mejor dicho, los por años favorecidos, causan por estos días los despidos llevados a cabo en el sector público, donde incluso se han llegado a escuchar voces amenazantes por parte de la ANEF, anunciando un paro. Es más, desde la nueva oposición aún siguen dando señales demostrando que, tal como ocurre cuando nos cambiamos de trabajo, aún no logran acomodarse a su nuevo status.

En este sentido, penosas y desinformadas han sido las declaraciones del Senador Lagos Weber, llegando a señalar que este proceso se trata de un “hostigamiento sostenido y condenable”, para finalizar diciendo que “dificulto que cuando la Concertación recuperó la democracia se haya despedido siquiera la mitad de gente de lo que se ha despedido ahora”.

Pero, ¿por qué incurre en un error el hijo del ex mandatario? Analicemos los siguientes cifras.

El Gobierno entregó un informe con las cifras oficiales de las desvinculaciones del aparato estatal llevadas a cabo desde marzo hasta la fecha. Ellas ascienden a mil 300 funcionarios, lo que corresponde al 0,8 por ciento de la dotación total a nivel nacional. Dicho informe contiene, además, un estudio comparativo de los despidos realizados por las últimas tres administraciones de la Concertación, lo cual permite considerar el contexto y evaluar a ciencia cierta los números en cuestión.

Por ejemplo, se observa que el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle fue el que más despidos realizó en su primer año, con cuatro mil 428 funcionarios, equivalentes al 13,3 por ciento de la dotación efectiva.

En esta misma línea, el Instituto Liberta y Desarrollo publicó hace algunas semanas un estudio donde se observa que la dotación efectiva del gobierno central, compuesta por el personal de planta y a contrata, creció en 64 por ciento entre los años 1990 y 2008, lo que equivale a cerca de 72 mil funcionarios. A pesar de que los contratos a honorarios no se contabilizan dentro de la dotación efectiva, por corresponder a labores no habituales y esencialmente transitorias dentro de los ministerios, la utilización de aquéllos se ha transformado en una práctica recurrente. Por esto, sorprende que entre los años 2000 y 2010 el gasto en honorarios que se puede pagar con cargo al gasto en personal creciera en 350 por ciento.

Dado lo anterior, no hay que ser vidente para desprender que durante las administraciones de la Concertación se realizaron incorporaciones sin los correspondientes despidos, dando lugar en muchos casos a una duplicidad de funciones, lo que no es más que un sinónimo de mala gestión. Respecto del hostigamiento que expresa Lagos Weber, hay claras señales de que es imposible calificar estos despidos como tal, pues las desvinculaciones se han realizado de manera gradual, de la mano de las evaluaciones pertinentes.

Pero ¿qué es lo que se esconde tras esta batalla de cifras anteriormente expuestas?

A mi modo de ver, no es ni más ni menos que la apropiación del aparato estatal por quienes, dada las circunstancias, se ven obligados a pagar favores electorales. Es el sitio donde correligionarios y “compañeros” construían sus parcelas de poder.

Voces como la de Lagos Weber expresan la negación persistente de la oposición a otra derrota pública. Y la adopción de esta limpieza paulatina es la señal que esperábamos desde los discursos de campaña, previo a la asunción del mando por parte de Sebastián Piñera. No existen dueños de por vida de cargos ni funciones, y para mantenerse hay que cumplirle al país. El que no esté capacitado o no quiera, simplemente se va, no puede haber dobles lecturas.

Con esta visión de mediano y largo plazo, junto con esta estrategia llamada a comunicar e informar sobre la no arbitrariedad de los despidos a favor de evitar politizar el tema en cuestión, la nueva administración está llevando a cabo lo anunciado previamente, visión alineada con un Estado moderno y preocupado, esencialmente, de las capacidades individuales de quienes los componen.

 
Felipe De Larraechea M.

Publicado: 21/06/2010