Frente a las Isapres, la Concertación estuvo dividida en dos posiciones: quienes consideraban que debían desaparecer y que estuvieron sistemáticamente promoviendo regulaciones para su funcionamiento, a falta de consenso político para eliminarlas, y quienes propiciaban una transformación de fondo, orientada a instalar un modelo con prima plana y compensación de riesgo expost, para eliminar todos los defectos de la tarificación por riesgos. Esta última opción está ensayada por la reforma en el ámbito acotado de GES, entre Isapres.

La expresión más ácida de estas visiones se ha hecho explícita a propósito de una eventual eliminación de las tablas de riesgo, por declarárseles inconstitucionales. Quienes hicieran el planteamiento al Tribunal Constitucional representaban bien la idea de terminar con las Isapres, mientras que el Superintendente de Salud de la época planteó que, en el evento de que las tablas de riesgo se eliminaran, se requeriría hacer un ajuste al sistema en la línea de tarifa plana y compensación expost de los riesgos. En todo caso, ambos grupos juzgaban que la situación de origen del sistema Isapres –seguros de salud individuales de corto plazo que tarificaban por riesgo- no era una solución socialmente aceptable, en particular si era financiada con cotizaciones obligatorias.

Pero dejemos eso atrás. Actualmente, en el gobierno, ni contrarios a las Isapre ni promotores de transformaciones han hecho explícitos sus pensamientos. Pero podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, que hay tres grandes negocios en los que los intereses de los empresarios de la salud se vierten hoy: la prestación de servicios médicos (clínicas y centros ambulatorios), las Isapres y los seguros de salud privados. Ello, sin contar el negocio de las mutualidades, protegido por barreras de ingreso establecidas por una ley que data de hace 42 años e incursionando hoy en la prestación abierta de servicios médicos.

De los negocios descritos, todos gozan de buen prestigio, salvo las Isapres. Su existencia ha sido más controvertida a causa del control sobre las licencias médicas, de la tarificación por riesgos y del alza sistemática de precios de los planes, que responde año a año a incrementos de la frecuencia de uso y del precio de las prestaciones (la sencilla ecuación prima=p*q, es algo que la comunidad –en la idea de que la seguridad social es un “bien público”- se niega a comprender).

Y olfateando por estos días los mercados, a las Isapres se les ve un poco solas. La prensa lleva ya al menos un par de editoriales en que alude al sector abriendo las puertas a nuevos ajustes y reformas de las Isapres, asumiendo una posición más distante de aquéllas que en el pasado. El traspié comunicacional del alza de precios reflejó lo anterior, pues a pesar de no haber incrementado los precios, las Isapres terminaron envueltas en el tema de la multa –insignificante- del caso Cruz Verde, que tomó cuerpo desde la prensa y que fue creciendo hasta quitar de escena el “gesto” de la industria, para cerrar instalando en la opinión pública la idea de que sí se verificaron alzas y de que la situación no fue significativamente distinta de la del año anterior.

Por su parte, nótese el lenguaje del director de FONASA en su primera aproximación a la tarea. Se trata de un hombre que viene de los seguros tradicionales, no de las Isapres y que trasunta un interés por hacer de FONASA un seguro más abierto y competitivo. Precisamente ha sido FONASA, a través de la atención de sus beneficiarios, el que ha estado financiando en el margen una muy buena parte de la expansión de la oferta privada en los últimos años, según cifras de la propia Asociación de Clínicas. Por lo pronto, FONASA está a la cabeza de la licitación de camas a los prestadores privados, a consecuencia del sismo.

El énfasis ministerial, por su parte, está puesto en la provisión de servicios post-terremoto  e instrumentalmente en las concesiones, que implicarán la expansión de la industria prestadora privada en su componente inmobiliario hacia la provisión de servicios a beneficiarios del sector público, aún cuando se reserve la concesión de lo que se ha llamado la “gestión clínica”. Esta vertiente se encuentra alineada perfectamente con la idea de un FONASA fuerte y abierto.

Es necesario reconocer que las Isapres fueron las grandes sustentadoras del crecimiento del sector privado prestador en las últimas tres décadas. Fueron, en su momento, las “gallinas de los huevos de oro”. Pero también hemos de reconocer que, de no mediar una trasformación profunda y políticamente compleja, el sector está topado y no sería esperable un crecimiento importante de la demanda por servicios médicos que provenga de aquel, a menos que se perdiera completamente el control de la frecuencia de uso, cosa factible cuando es posible llevar ese efecto a los precios de las primas. Y alguien debe financiar ahora las inversiones que ya han sido realizadas en el sector privado y también las concesionadas que vienen en el sector público. Adivine usted: ¡el Fondo Nacional de Salud!

Marcos Vergara.

Publicado: 15/05/2010