Se repite una vez más la historia en torno a lo que representan los Tribunales de Justicia en Chile. Dicho organismo, el cual se conoce en varias ocasiones por sus desaciertos, en esta ocasión, no nos deja lejos de la misma percepción ciudadana. Hoy, estamos hablando en torno a lo que corresponde  acerca de su labor de ecuanimidad y trato igualitario de cada uno de los casos que le toca arbitrar.

Lamentablemente, una vez más ha sido objeto de cuestionamiento, interno (dentro de Chile) y externo (a nivel internacional), en el trato a personas  poderosas e influenciables en nuestra sociedad. Queda claro, con este tipo de acciones, que las cosas no son similares para todos, o sea, lo planteado en nuestra Constitución “que todos somos iguales ante la ley”, es sin lugar a dudas, una metáfora social, que cuando debe ser puesta en dicho punto no se asemeja a la realidad cotidiana. No cabe duda, que no tienen en cuenta lo que representan los dolores más grandes para un vasto sector de la población, que no gozan de ciertas conexiones dentro de las diferentes instituciones del Estado, y que sin lugar a dudas, marcan la diferencia entre personas de primer y segundo nivel dentro de la sociedad chilena.

Por este motivo, podemos afirmar que si los derechos de nosotros siguieran dependiendo del supuesto “las Instituciones Funcionan”, queda claro que la “injusticia” sería aún mayor frente a cada situación dolorosa que nos ha correspondido vivir en materias de este tipo. Es un hecho que; los Grandes Empresarios, los Políticos y la Iglesia Católica son un grupo lleno de  privilegios, situación que no todos podemos ostentar dentro de este ideario social, en el cual, a vista y paciencia de todos nosotros, suelen deambular libres de culpas por parte de nuestras instituciones, siendo en gran parte de sus denuncias, su proceder, lo más deleznable dentro de lo que su rol les confiere. Pero más allá de sus culpas y consideraciones por parte de nosotros, estos hechos, son sancionados desde fuera de nuestro territorio (por otros organismos), los cuales, dan una lección de objetividad y transparencia de procedimientos que sería bueno pudiéramos imitar.

Para muestra un botón, en el caso del Padre Fernando Karadima, el juez Leonardo Valdivieso no encontró mérito para culpar al sacerdote, sin embargo, con los mismos antecedentes, la Resolución de la Congregación sobre la Doctrina de la Fe, dictamina, todo lo contrario y lo aparta de por vida de su labor sacerdotal. Un hecho extraño por decir lo menos.

Por otra parte, en el caso de Augusto Pinochet, fueron tribunales extranjeros los que determinaron la culpabilidad de las atrocidades cometidas, tanto en derechos humanos como tributarios, fue en esas latitudes, donde pudimos darnos cuenta a ciencia cierta (con antecedentes abiertos) de los excesos y arbitrariedades cometidas bajo su mandato, y donde nuestros tribunales, bajo un amparo que no logramos entender como ciudadanos comunes, hasta el día de hoy, salvo la sanción social de ciertos sectores, su familia goza de la absoluta impunidad, a vista y paciencia de toda la clase política y del poder judicial, los cuales, sin determinar culpabilidad al respecto, cerró todos los casos, sin mayor autocrítica.

A poco andar, no damos cuenta, que en el sector político, la Intendenta del Bío Bío, frente a una serie de situaciones que cuentan con grabaciones (audio e imágenes), insta a una cantidad de atrocidades por parte de supuestos afectados del terremoto del año pasado, para que puedan falsear información o destruir por cuenta propia una serie de inmuebles para obtener beneficios de manera trucha y de ese modo acogerse a los beneficios que hay para la que gente que sí padece en este sentido (víctimas del terremoto). Muy por el contrario a estos antecedentes, hoy, por parte de la alianza gobernante, dicha Intendenta, goza de un respaldo sin precedentes, manteniéndola en puesto a la luz de todos los antecedentes, y más allá de lo que diga el sentido común.

Cada uno de los hechos esgrimidos en esta columna, que son sólo algunas de las situaciones que vemos a diario, tienen otro precedentes más doloroso, que de llegar a existir sanción frente a los mentirosos y abusadores en cada uno de estos casos, las sanciones son aisladas, sólo para el ejecutor/a directa, quedando su círculo de protección en la más absolutos impunidad. La justicia chilena, es firme en parte con los más desposeídos, y no con los poderosos o acaudalados de nuestro país.

Carlos Livacic.

Publicado: 06/03/2011