Crear una cultura de responsabilidad, capaz de mantener el orden y transparencia en una empresa y regular los estatutos base de toda corporación, es fundamental para el desarrollo de la sociedad y el futuro de las personas. El compromiso de una organización con el resto de la gente debe ir más allá de de la mantención de sus servicios de una forma eficaz, debe ejecutar acciones de manera clara y transparente manteniendo el nombre de la empresa a la altura de las exigencias de sus grupos de interés, minimizando el riesgo de delitos y garantizando el cumplimiento de los deberes y supervisión.

Hace unos meses Chile pasó a incorporarse al grupo de países de la OCDE, que vela por el desarrollo y la cooperación económica, lo que llevó a replantear la urgente necesidad de modificar la legislación de la empresa chilena, incorporando la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas.

A casi cuatro meses de su entrada en vigencia esta nueva ley se caracteriza por su generalizado desconocimiento. Poco se sabe respecto a que puede llevar desde multas, pérdidas de beneficios fiscales, prohibición de celebrar contratos con el Estado hasta la disolución de las empresas en caso de ser sancionadas. Esto quedó de manifiesto en la encuesta realizada por Generación Empresarial a más de cien ejecutivos, de los cuales el 55% no estaba familiarizado con sus efectos. Asimismo, muy pocas empresas a estas alturas, reconocen haber tomado las medidas que recomienda la ley, para prepararse ante esta nueva legislación.

El Pacto Global de Naciones Unidas, al alero de la Universidad Andrés Bello, promueve que las compañías impulsen un crecimiento responsable y en este aspecto, la prevención de delitos y la certificación de ésta, es un punto fundamental.

Al legislar, se estaba conciente de que estas nuevas exigencias afectarían de manera directa a las organizaciones, pero tendrían especial impacto en las pymes, a quienes afecta, puesto que no todas se encuentran con la capacidad de invertir en nuevas implementaciones de sistemas de control.

Como entidad de responsabilidad social empresarial, nos unimos a la idea de la creación de una cadena de responsabilidad donde pequeñas entidades sean amparadas por las empresas de mayor tamaño, que contratan sus servicios y compran sus productos.

Hacemos un llamado a que las empresas reaccionen frente a las exigencias de esta nueva responsabilidad y den pronto inicio a una cadena de apoyo y fortalecimiento  de la transparencia preventiva, de modo que el país pueda mostrar índices positivos en esta materia y no nos veamos enfrentados a casos consumados sin vuelta atrás.

Margarita Ducci.

Publicado: 06/04/2010