Rolando Jiménez

Rolando Jiménez es presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y director de la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales ACCION. Coordinador en Chile de la Red de Minorías Sexuales del Mercosur.

Pocos días atrás el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) señaló que las sedes que el gobierno de la Concertación cedió a diversas organizaciones sociales en comodato, “podrían tener un uso más rentable para los chilenos”.

Varios aspectos llaman la atención de esos dichos. El primero es que las sedes fueron entregadas a organismos de derechos humanos y de trabajadores, entre otros, y es de conocimiento público que LyD no ha intentado nunca tender algún tipo de puente con tales colectivos. Ello implica, por lógica, que el mencionado Instituto no tiene un conocimiento de primera fuente sobre la labor de las Ong´s, y por tanto, es imposible que sepa si las sedes “podrían tener un uso más rentable”, puesto que no sabe cual ha sido la utilidad de estas.

Se aprecia por parte de LyD un rechazo a priori, sin sustento, y que sólo puede explicarse por razones ideológicas, que bien legítimas pueden ser, pero no por ello representativas de todos los chilenos y chilenas, gran parte de los cuales ha encontrado justamente en diversas organizaciones de la sociedad civil el apoyo y la orientación que el Estado no es capaz de dar.

En segundo término, la postura de LyD pareciera buscar el debilitamiento de las organizaciones sociales a través de una advertencia implícita de que el futuro gobierno las despojaría de sus sedes. Es decir, de las casas que estos colectivos no pueden pagar por falta de recursos económicos, pero desde donde contribuyen a la igualdad y la justicia social, en muchos casos a través del trabajo voluntario de sus integrantes.

La “advertencia” en sí misma es un arma de doble filo para LyD, pues al hacerla, está avisando que ya tiene el poder para decidir que se hará con las sedes de las organizaciones sociales, pasando por alto, la exclusiva competencia que en ello tiene el gobierno de Sebastián Piñera en torno a esta temática.

Lo lamentable, y arrogante, es que LyD pareciera creer que ya tiene ese poder incluso antes de que la actual administración finalice el próximo 11 de marzo, lo cual va contra precisamente de la política que Piñera ha dicho defender: independencia de poderes externos para gobernar y trabajo dedicado a la igualdad de todos y todas, sin discriminaciones de ningún tipo.

El Estado, y sus autoridades, jamás deben poner sus creencias o  ideologías por sobre los principios democráticos, ni menos sobre los derechos humanos. Su deber es atender y contribuir a solucionar los problemas que afectan a cada ciudadano y ciudadana.

Por diversas razones de tipo político y económico ello no siempre es posible y es en ese plano donde las organizaciones sociales juegan un rol crucial, pues atienden aquello que el Estado no es capaz de resolver.

Desde que se recuperó la democracia, los gobiernos han entendido ello y por tal  motivo lejos de debilitar a las Ong´s su objetivo, algunas veces no cumplido del todo, ha sido fortalecerlas, por ejemplo, mediante la entrega de una sede en comodato, que resuelve el problema más básico de las organizaciones, la carencia de un espacio donde funcionar, y una de las deficiencias del Estado, su capacidad para oír y/o atender a toda la diversidad que compone un país.

La política colaborativa con la sociedad civil debe y necesita ser transversal a todo tipo de gobierno, como ocurre en cualquier país desarrollado. Y ello, bajo ningún de vista implica que las organizaciones sociales pierdan su independencia y/o pasen a ser caja de resonancia del gobierno de turno, como lo señala LYD.

Todo lo contrario, es a través del fortalecimiento de la sociedad civil, y no de su debilitamiento, que hay mayores garantías de independencia y, mejor aún, de generar espacios para la sociabilización de todas y todos. La experiencia así lo ha demostrado.

Afectar a la sociedad civil organizada no sólo tiene impactos en ella misma, sino también en los millones de chilenos y chilenas que se ven beneficiados con sus trabajos y en el régimen democrático mismo, pues tras una estrategia como esa sólo se esconde el rechazo a opiniones y políticas alternativas a las del gobierno o de una determinada ideología.

Piñera ha dicho claramente que quiere un gobierno de unidad, donde todos y todas estén presentados y donde nadie sea pisoteado y menos despojado de herramientas para contribuir a generar una sociedad más justa. Desde el mundo de la sociedad civil se espera que  se cumpla esa promesa, en honor a la propia palabra empeñada y en beneficio de una democracia verdadera.

Rolando Jiménez

Publicado: 01/02/2010