La decisión del presidente de la república, al despejar la incógnita sobre la implementación de la termoeléctrica a 25 km. de la localidad de Punta de Choros, genera un conjunto de interrogantes, cuya resolución, no es ni evidente ni baladí. Un breve examen del argumento esgrimido por el presidente ante la prensa, puede dar las primeras pistas sobre lo planteado:

“Como ciudadano y Presidente de Chile tengo un doble compromiso y responsabilidad: proteger el medio ambiente, la naturaleza y nuestra biodiversidad y, al mismo tiempo, cumplir y hacer cumplir la ley y ser respetuoso de nuestra institucionalidad y nuestro Estado de Derecho… por estas razones, le he pedido y hemos acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones… el estudio de impacto ambiental y lo obrado por la Corema de la Región de Coquimbo se ajustó a nuestra institucionalidad” (en: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=432692).

Al analizar lo expresado por la autoridad, la primera pregunta que cae de cajón es: si el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, y la decisión tomada por la Corema de la región de Coquimbo, se ajustaron a la institucionalidad vigente, ¿Por qué se suspendió el proyecto? Es de esperar que si los proyectos de inversión que ingresan al SEIA no cumplen con la normativa y regulaciones ambientales establecidas, se vean sometidos a las reformulaciones y cambios necesarios por parte de sus proponentes, de tal manera que garanticen el cumplimiento de los estándares vigentes y, en el caso que ello no ocurra, la implementación de los proyectos sea rechazada definitivamente. Esto es lo que el funcionamiento institucional debe garantizar a la sociedad. Por lo que afirma el presidente, la termoeléctrica en cuestión cumplió con todo y, aún así, el proyecto original, acción suya de por medio, no se realiza. En este sentido, las cuestiones que plantea la decisión presidencial tienen relación con el tipo de señales que manda el ejecutivo a los demás poderes del Estados y restantes actores sociales, sean públicos, privados o civiles. También cabe preguntarse ¿cuáles son los incentivos que tienen los privados para observar y cumplir con la institucionalidad establecida, si dado el caso, el presidente puede decidir al margen de las reglas del juego establecidas? No muchos al parecer.

La forma en cómo se resuelvan estas interrogantes tiene importancia para todos los actores sociales involucrados, incluyendo a los ecologistas, quienes en esta pasada salen ganando, pero nada les garantiza que el día de mañana esto siga siendo así. La debilidad institucional que evidenció la decisión presidencial es un arma de doble filo, que se puede volver en su contra. Como lo mostraron los hechos: falta que otros tengan mayores recursos de presión e influencia, y un escenario propicio, para inclinar la balanza en sentido contrario. Y un escenario como este es muy probable que se presente, ya que el caso de Barrancones es el primero de una larga lista de proyectos en carpeta que esperan ser evaluados para su implementación.

Hay otro conjunto de efectos derivados de la decisión presidencial, de carácter económico. Estos dicen relación con el conjunto de costos asociados a la suspensión, relocalización y reevaluación de la termoeléctrica. La decisión del ejecutivo viene por un lado, a incrementar la estructura de costos asociada al desarrollo del proyecto original (traslado, retraso y nueva evaluación), y por otro, a disminuir los beneficios asociados a su puesta en marcha dentro de los tiempos presupuestados. Como se puede ver, es muy probable que la suspensión y traslado del proyecto afecta la rentabilidad con que el inversor diseñó y evaluó su proyecto. Si se sigue de cerca la lógica con que los privados toman sus decisiones de inversión, estos sólo aceptaran un cambio en la medida que se garanticen a cabalidad las utilidades esperadas asociadas al proyecto original, o que incluso, ellas se incrementen (sólo así suspender y relocalizar el proyecto resulta económicamente atractivo). Si esto es así ¿Cuál sería el costo económico de la decisión presidencial? ¿Quién la asumiría? y ¿Cómo se la distribuirá socialmente? Está claro que no serán los dueños del proyecto.

Como se puede apreciar, la forma y el fondo de la decisión tomada por el presidente de la república, constituyen el síntoma de un problema más profundo e importante: revelan las fallas que presenta la institucionalidad ambiental chilena. Como lo han mostrado los hechos recientes, tales debilidades institucionales dejan al descubierto un conjunto de vacíos, los que pueden ser llenados de manera arbitraria, oportunista y coyuntural, según sean las circunstancias políticas y sociales de turno. Las instituciones son importantes porque constituyen los marcos normativos donde se procesa y reduce la complejidad relacionada a los procesos colectivos de toma de decisión y a la asignación de los recursos que la sociedad tiene a su disposición. En este sentido, ya no basta con que las instituciones funcionen: deben funcionar bien. Y tal característica debe ser el corolario de un proceso de diseño e implementación de un conjunto de reglas del juego, adecuadas y pertinentes a la complejidad de los problemas sociales que deben enfrentar y resolver.

Sobre características que adoptan los procesos institucionales, reposan dos aspectos fundamentales para la sociedad: la eficiencia con que son tratados los problemas colectivos y la racionalidad con que se los afronta. Las fallas institucionales hacen que las reglas del juego se vuelvan irrelevantes para los miembros de la sociedad. El peligro de esto es que los potenciales vacíos que se generen, sean llenados por grupos de presión, lobby, arbitrariedades, coyunturas políticas, etc. Cuando esto pasa, los miembros de la sociedad quedan prisioneros dentro de juegos de suma cero, de los cuales una vez que se ha entrado, es muy difícil salir.

Luis Montero.

Publicado: 31/08/2010