Jorge Sanz

Analista Internacional, Profesor de Geopolítica, Magíster en Ciencias Militares, Doctor © en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local por la Universidad de Castellón, España.

Desde hace un tiempo  en nuestro subcontinente estamos viendo hechos que, si los observamos individualmente, podrían ser hasta casi irrelevantes para el contexto global (siempre un hecho político es relevante en el escenario local), pero, si empezamos a unir algunas hebras de esta madeja política sudamericana, comienzan a aparecer figuras y sombras que no veíamos.

No hay duda que todos ya nos hemos dado cuenta de la revolución bolivariana y de sus alcances, considerando como algunos de ellos a la elección y acción de Evo Morales en Bolivia, la elección y acción de Correa en Ecuador, la acción de Ortega en Nicaragua; también algunas decisiones argentinas como las dirigidas a la prensa podrían tener un correlato en Venezuela. No es necesario demostrar la dependencia que hoy tiene Cuba del líder venezolano y, para seguir en esas latitudes, el conflicto en Honduras también se inicia por la inclinación que tomó el gobierno de Zelaya hacia los postulados chavistas y se mantiene hasta hoy por la ingerencia que tuvo Chávez en el conflicto y al influir la posición de OEA exigiendo la restitución de Zelaya en el cargo, en una clara intromisión en los problemas internos de un Estado miembro de la Organización.

En un plano aparentemente vinculado al anterior, podemos observar un crecimiento del indigenismo y otras actividades desequilibrantes en aquellos países que no se han sometido enteramente al liderazgo de Chávez.

El primer afectado pareció ser Colombia con una ofensiva de las FARC que duró hasta que el Presidente Uribe tomó la decisión política de enfrentarlas e imponer las condiciones de las negociaciones, si es que las quieren. En Perú, apareció súbitamente un conflicto basado en el convenio 169 que ese país había firmado hace más de 10 años y  puso en jaque al gobierno al extremo que el Primer Ministro Yehude Simón debió presentar su renuncia en medio de un escenario de protestas indígenas por la decisión del Estado peruano de vender grandes extensiones de la selva peruana lo que derivó en la muerte de más de treinta personas entre policías y protestantes y el enfrentamiento entre el gobernante de Perú, declarado no simpatizante de Chávez  y Evo Morales de Bolivia, aliado absoluto del mandatario caribeño.

En Chile existe, desde hace un tiempo, un escenario complejo en la región de la Araucanía. Aparentemente no se ha sabido tratar el problema indígena puesto que las posiciones son cada vez más radicalizadas. Cada vez con más frecuencia se escucha que no existe el estado de derecho o que los derechos de las personas no son respetados. Cada vez con más frecuencia, escuchamos y ahora desde el Gobierno, que los encargados de las relaciones con las comunidades indígenas están cruzados por la corrupción; sin embargo, estimo que el mayor problema está en dos aspectos:

Primero, el idioma de negociación: Las reclamaciones mapuches exigen un territorio con todo lo que ello implica y que, desde el punto de vista de la teoría es el primer paso para el establecimiento del pueblo mapuche y posteriormente reclamar su autodeterminación; lo que no está lejos de las declaraciones de algunos de sus líderes; y, el gobierno oferta tierras

Segundo; resulta fundamental poner límites. Si la política definida por el gobierno es entregar tierras, es necesario asumirla como que ha sido la mejor solución encontrada por los encargados; mas allá de las consideraciones de cada uno, al decir de los jóvenes, es lo que hay. Pero, a eso que hay, es fundamental ponerle reglas. ¿Hasta que extensión de terreno vamos a entregar en beneficio de los mapuches? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar reclamaciones territoriales?; ¿se van a entregar los fundos tomados o los terrenos fiscales que dispone el Estado?. ¿Qué sucederá con las comunidades que están en el conflicto armado?, ¿el derecho a la propiedad de los actuales dueños de terrenos será respetado?

 Recordemos que el Gobierno está buscando, a través de lo que se ha publicitado como Código de Conductas Responsables, la materialización en territorio chileno de  normas contenidas en el  Convenio 169 de OIT. Según los datos de algunos Centros de Estudios (en este caso Libertad y Desarrollo), casi nueve millones de hectáreas estarían pasando a control de comunidades indígenas, lo que podría asimilarse al origen del reciente conflicto peruano ya señalado. ¿Esto está relacionado con las tierras que se han entregado u ofertado o son otras?

Desde el realismo político es posible observar que las líneas de influencia desde Venezuela (aparentemente), confluyen de alguna manera en espacios de influencia política que alcanzan a todos los Estados, los aquí mencionados y los no mencionados.

El indigenismo, particularmente en la Araucanía, tiene algo de lo vivido en los 60’ y 70’ cuando grupos insurgentes se tomaban los campos productivos y los reivindicaban en nombre de la justicia social. Lo que sucede hoy en el sur ¿es en nombre de la justicia étnica?. Aparentemente si;  el gobierno ha aceptado que el Estado de Chile tiene una deuda con este grupo social por lo tanto las reivindicaciones están en la senda de la política del gobierno;

Parece que lo único que superará el problema será cambiar a los actores de ambos lados, conversar en serio, con peticiones claras, idioma común y ejercicio de la soberanía de Chile. Un grupo social, cualquiera que este sea no es un igual del Estado.

Jorge Sanz.