Marcelo Mella Polanco

Cientista Político. Licenciado en Historia, Magister en Ciencia Política, Doctor en Estudios Americanos. Académico Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Una de las cuestiones más polémicas frente a la reforma del sistema de educación superior chileno, es el posicionamiento de las universidades en la triada Universidad, Estado, mercado. Determinar las alianzas, convergencias y conflictos en esta triple relación permite delinear en gran medida el papel de nuestras universidades durante los próximos años.

Resulta conocido que para Chile, como para la mayor parte de latinoamérica, las universidades han tenido una fuerte orientación secular, estatal y profesional. El historiador alemán Hans Steger habla de la “Universidad de los Abogados” y Luis Sherz del alto componente profesionalizador presente en la enseñanza universitaria en la región de América Latina. En nuestro país, la propuesta sobre el Nuevo Trato liderada por la Universidad de Chile, encarna esta orientación hacia el Estado, manifestada en una renovada orientación de las universidades tradicionales encarnadas en el CRUCH hacia las políticas y los asuntos públicos. Las universidades privadas, en incipiente proceso de organización estratégica y progresiva oposición frente al CRUCH, aparecen orientadas por la cultura de la empresa y la vinculación con el mercado.

Que tan cerca debieran posicionarse las universidades chilenas respecto del Estado y el mercado es una materia que toca, no solo la construcción de culturas e identidades institucionales, sino afecta el modus operandi al interior de cada organización en cuestiones particulares como la concepción del rol del profesor, el tipo de rediseño curricular y la reformulación de los perfiles de egreso. ¿Qué conocimiento requiere una sociedad y para qué? ¿Qué tipo de académicos requieren nuestras universidades? ¿de qué modo las universidades responden a los requerimientos sociales? En suma ¿Qué lazos debe construir la universidad con el Estado, la sociedad y el mercado? Responder estas preguntas hace posible avanzar en temas complejos como definir los legítimos destinatarios del aporte fiscal directo e indirecto (AFI -AFD), precisar las competencias necesarias en las diferentes áreas del conocimiento, evaluar la pertinencia social de las carreras y definir políticas consistentes respecto de los niveles de inclusión y masificación del sistema.

En el caso del tipo de académico, resulta impostergable implementar políticas de recursos humanos, mejorar la transparencia en el reclutamiento y los sistemas de evaluación de la carrera profesional, instalar mecanismos correctivos de la endogamia académica, determinar los niveles de especialización requeridos y mejorar la vinculación con el medio. De lo contrario, nuestras universidades podrían perder capacidad de reclutamiento de profesionales de excelencia, así como la relevancia deseable en el debate nacional y en la formulación de políticas para responder a su misión.

 La falta de atención a estas materias por parte del Estado y también la incapacidad de generar bloques o alianzas entre universidades con influencia y veto frente a los tomadores de decisiones, ha contribuido a replicar reformas de manera ciega, siguiendo las tendencias o modas internacionales orientadas hacia la mercantilización y la expansión sin límites de la oferta docente, especialmente la de tipo privada. Hay que decir que el modelo de universidades dependientes del Estado pone en riesgo la autonomía y capacidad de presión de estas instituciones frente al poder político. Por tanto ¿Cuánta autonomía y cuanta independencia es deseable frente al Estado? Resulta a estas alturas contradictorio sostener que es posible mantener la dependencia financiera respecto del Estado y al mismo tiempo aumentar la autonomía decisional.

Marcelo Mella Polanco.