Karen Masbernat

Profesora de Escuela de Derecho Universidad San Sebastián.

El pasado 5 de mayo el Presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados un mensaje (Boletín Nº 6927-05) con una iniciativa de reforma tributaria, que incluye medidas permanentes y otras transitorias, destinadas básicamente, a “conseguir parte del financiamiento necesario para enfrentar la reconstrucción del país” luego del terremoto vivido.

Plantea los siguientes fundamentos: promover el desarrollo de las mipymes, incentivar la inversión y la creación de empleo; y, mantener adecuados equilibrios macroeconómicos, para “potenciar el desarrollo a largo plazo y no perjudicar las confianzas que tanto el sector público como el privado requieren para enfrentar sus decisiones de futuro”. Su eje inspirador es la solidaridad; y su premisa, la estabilidad fiscal.

El proyecto no tiene “letra chica”, no perjudica el presupuesto estatal “necesario para alcanzar el desarrollo”, ni pone en riesgo el equilibrio fiscal.

Los fundamentos de la iniciativa, plasmados en la propuesta,  obedecen a una apuesta de largo plazo por la libertad de los ciudadanos y la consiguiente eficiencia en la asignación de los recursos. Reunidos los fondos justificados por la catástrofe sufrida por el país, la leve disminución permanente solo busca aminorar las “perdidas irrecuperables de eficiencia” generadas por el establecimiento de impuestos, los que entraban el desarrollo, pero hoy se justifican para solventar los gastos públicos.

Subyace en la reforma la idea de que el desarrollo económico lo logran las personas y las empresas, no el Estado. La inclusión del art. 14 quáter apunta en tal sentido, ya que las mipymes generan el mayor impacto a nivel de ahorro, inversión, empleo y crecimiento. Cabe agregar que la rebaja del impuesto de timbres y estampillas, disminuyen los costos de las transacciones.

 Finalmente, la reforma propuesta por el Ejecutivo, no perjudica el  equilibrio fiscal, por las supuestas menores recaudaciones en el futuro. Por un lado, debe legitimarse los mayores ingresos públicos sólo en la medida que exista mayor crecimiento económico. Por otro lado, los gastos deben justificarse mediante la existencia de un Estado pequeño y eficiente, que no intente reemplazar la actividad que los particulares pueden hacer por sí mismos.

Parte de la discusión parlamentaria se ha centrado en la forma de concretar el deber de solidaridad. Si ella debe concretarse mediante la acción del Estado, o mediante el aporte de los particulares a través de la creación de riqueza y de empleo. Sólo una de las opciones es el camino al desarrollo económico y la dignificación de las personas. Como se sabe, el Mensaje fue aprobado en la Cámara, y fue aprobado con observaciones o exclusiones en el Senado (v.g., tributación minera). Ha vuelto a la Cámara.

Al menos, esto ya constituye un avance.

Karen Masbernat.

Publicado: 14/07/2010