• 02/abril/2020 •

Institucionalidad para el Desarrollo positivo de la Infancia

<b>Marcelo Sánchez Ahumada</b><br>Gerente general de Fundación San Carlos de Maipo.

Marcelo Sánchez Ahumada
Gerente general de Fundación San Carlos de Maipo.

Sin duda la contingencia ha marcado un ritmo distinto en las prioridades legislativas. A más de 5 meses del hito de Octubre, la Subsecretaría de Infancia anuncia la aprobación de la comisión del Senado del proyecto de Servicio de Protección que viene a reemplazar a Sename. Estos años hemos observado cómo Sename no ha respondido y ha derivado en el colapso más absoluto. Por ello, desde el Acuerdo por la Infancia se planteó, avanzar en una nueva institucionalidad que genere la separación efectiva de los Servicios de Protección y de Reinserción. Desde el primer momento, como Sociedad Civil nos pareció que entrar en definir una nueva institucionalidad, sin acordar un marco a través de la Ley de Protección integral (Anteriormente llamado Sistema de Garantías) era un déficit que hacía imposible en transitar hacia la desjudicialización del ámbito proteccional, reforzando la respuesta administrativa de las necesidades de la mayor parte de los casos de niños ingresados al Sistema de Protección.

Junto con la Asociación de Magistrados, la Fundación San Carlos de Maipo, la Universidad de Chile, la Red de Universidades Unidas por la Infancia y organizaciones de Base, se presentaron propuestas recogidas desde distintos ámbitos a fin de lograr una discusión lo más conjunta posible de los proyectos de Sistema de Protección Integral (Garantías) y de Servicio de Protección (Sename Protección), no considerando el de Reinserción pues ya estaba listo a ser despachado.

Con la discusión y acuerdo de la Ley de Protección Integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en la comisión y en despacho a la Comisión de hacienda de ambos proyectos, se espera establecer un sistema integrado de acción pública para apoyar el desarrollo de la niñez, definiendo la puerta de entrada al sistema, a través del diagnóstico de las necesidades del niño y mandatando el seguimiento a las Oficinas Locales de Infancia.

Asimismo, se reconocen las directrices de cuidados alternativos y con ello se establece la base de un Servicio de Protección Especial con enfoque de derechos y de respeto de la Convención de Derechos del Niño.

Durante las discusiones que vienen a partir del despacho de la Comisión de Hacienda de ambos proyectos, se espera definir la oferta disponible y los estándares de calidad y evidencia para el servicio, pero también establecer una nueva forma de contratación y evaluación de los proveedores del servicio, estableciendo mecanismos efectivos para que salgan del sistema las entidades que no cumplan los estándares o peor aún, vulneren nuestra infancia en protección. Por eso es fundamental que si los proyectos van a comisión mixta o a su votación en sala, se logre dar coherencia al proyecto del Servicio, con lo avanzado en el proyecto de Garantía, sin duda hay exigencias presupuestarias que requieren de patrocinio del Ejecutivo. Esperamos que se retome la tramitación conjunta de ambos proyectos, en particular, el Servicio de protección tiene elementos regulatorios que pueden afectar distintos cuerpos legales como la Ley de tribunales de Familia o la Ley 20.032 sobre la regulación y financiamiento de las Colaboradoras de Sename. Desde la Comisión de Proyectos de Infancia, el diálogo con el Ejecutivo y con la sociedad civil han contribuido a mejorar en parte el proyecto, pero falta mucho aún, lo más importante, que requiere de un proceso de implementación en que la Sociedad en su conjunto participe y actúe de garante, pues la infancia requiere de todos nosotros.

 

Marcelo Sánchez
Gerente general de Fundación San Carlos de Maipo.

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