• 15/junio/2009 •

La insuficiencia de la política chilena

<b>Matías Gómez Venegas</b><br>Licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y Magíster en Filosofía de la misma casa de estudios. Catedrático de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Arturo Prat. Además, escritor de ensayos y poesía.

Matías Gómez Venegas
Licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y Magíster en Filosofía de la misma casa de estudios. Catedrático de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Arturo Prat. Además, escritor de ensayos y poesía.

Según Aristóteles las constituciones políticas, de las cuales dependen los sistemas sociales y su eficacia, pueden dividirse esencialmente en dos tipos: constituciones corruptas y constituciones no corruptas.

En general, las primeras se diferencian de las segundas en tanto ellas sólo buscan el provecho de aquella parte de la ciudadanía – que puede ser mayor o menor conforme al tipo de régimen de que se trate – que está a cargo del gobierno del Estado, dejando al resto de la población en el desamparo. Así, por ejemplo, en el caso de una monarquía que únicamente vela por el beneficio de la corona, se habla de una tiranía; en el caso de una democracia que resguarda exclusivamente los bienes de la mayoría, se habla de demagogia, y ya no propiamente de una república. En consecuencia, en la medida que el aparato estatal escapa de su responsabilidad de resguardar el bienestar de toda la ciudadanía, incluyendo sus porciones minoritarias, no hay más que un gobierno sin trasfondo ético.

Pues bien, yo afirmo que es esto justamente lo que acontece en Chile hace ya muchísimo tiempo. Prueba de ello es la evidente contradicción que se ha generado y acentuado entre una buena parte de la opinión popular y un número no reducido de leyes aprobadas por el parlamento. Este fenómeno pone en entredicho desde ya el grado representatividad real alcanzado por el parlamento chileno, e inclusive abre paso al llano cuestionamiento acerca de la verdadera validez del principio de representatividad que sostiene al liberalismo desde sus inicios. Esto evidencia, a su vez, que la no inscripción de una alta cantidad de jóvenes en los registros electorales, los movimientos estudiantiles y universitarios, y la conformación de otras agrupaciones diletantes pueden, perfectamente, no constituir meros actos juveniles de inmadurez e irresponsabilidad, y cuyo contenido debe ser observado con seriedad y analizado con atención.

Problemáticas de opinión pública, tales como la píldora del día después, el aborto, la marihuana y el matrimonio entre homosexuales, entre otras, dejan entrever un conflicto ideológico chileno que, hasta el momento, ha sido manejado principalmente por medio de mecanismos de dominación implantados ya por vía de la imposición, ya por vía de la represión. Claramente, estos procedimientos tienen como finalidad la exclusión de un porcentaje quizás minoritario de chilenos, pero no por ello desdeñable, cuyas ideas y tendencias no tienen cabida ninguna en un sistema como el existente. El sistema binominal, instalado en el sistema electoral parlamentario, ha venido asegurando durante largos años este propósito excluyente y conspirador de la política chilena, dejando en el descrédito y en el silencio un sinnúmero de perspectivas emergentes, renovadoras y tanto o más válidas que las estrechas opiniones dominantes que pululan al interior de los muros del congreso.

A todas luces, la política chilena es de carácter conservadora, tradicionalista y prejuciosa. Históricamente, el conservadurismo chileno ha estado ligado a dogmas religiosos, que si bien en algún momento lejano gozaron de una alta aprobación popular, hoy, en cambio, parecen ser cada vez más ajenos a los criterios fundamentales aplicados por la juventud chilena a la hora de tomar sus propias decisiones. No obstante, y a pesar de la evidencia de este importante fenómeno cultural, en el congreso se siguen elaborando argumentos de raíz religiosa para obstruir el ejercicio de la libertad de los sujetos. Alegar aún razones teologizantes contra el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre homosexuales es la verdadera vergüenza y decadencia de la política chilena. La libertad de culto asegura a los chilenos la posibilidad de adherir a cualquiera religión a partir de la relatividad de la propia subjetividad; sin embargo, esto no implica que la generación e instauración de leyes, que atañen a todos los miembros de la sociedad chilena, deba depender principalmente de argumentos no demostrables, sumamente subjetivos y tan contrarios a los criterios más básicos del análisis lógico y racional. Todos aquellos hombres de política, que incesantemente intentan salvaguardar el conservadurismo por estos medio dogmáticos, no hacen más que herir y negar el libre poder de decisiones de los individuos, con el fin de perpetuar un estado de cosas que les es propicio (en término económicos, políticos, sociales y culturales) y que resiste fuertemente a cualquier cambio profundo.

Sorprendentemente, en el reciente espectáculo político he visto en noticiarios, al igual que muchísimos chilenos, cómo candidatos presidenciales vinculados a los partidos más conservadores del país han esbozado, aunque de forma cautelosa, un gesto de apertura hacia estas problemáticas políticas y éticas, prometiendo un tratamiento con verdadera altura de mira. Me resisto, sin embargo, a creer en promesas pronunciadas en circunstancias como las presentes, en las que se observa una concertación en proceso de división, que haría casi cualquier cosa para elevar sus puntos en las encuestas, y una alianza en la que fuerzas muy poderosas imprimen su presión sobre las declaraciones de su presidenciable.

En consecuencia, si la ciudadanía tiende a evaluar a la política chilena de forma insuficiente, a mirar con malos ojos ciertas decisiones tomadas por el parlamento, el ejecutivo y el judicial, y si, además, la juventud no manifiesta en general ningún ánimo real de compromiso cívico y político para con su patria, esto se debe, principalmente, al hecho indiscutible de que la ciudadanía, o buena parte de ella, no siente manifiesta la representación de sus pensamientos y deseos en estos elementos del Estado, más todavía, esta ciudadanía pareciera experimentar una cierta violencia proveniente de los aparatos del Estado, percibiéndolo como una entidad superior que coarta el desarrollo individual y limita la participación popular, poniendo trabas que impiden la retroalimentación entre gobernantes y gobernados. La gente no se identifica con el Estado y lo percibe como una entidad exterior y ajena que oprime. Ante este panorama, no cabe más que confesar que la política chilena pareciera haber adoptado, consciente o inconscientemente, el principio de “dividir para gobernar”, y que el concepto ético y político basal de Rousseau de una voluntad general ha sido enteramente atropellado en el contexto chileno histórico y social contemporáneo.

Matías Gómez

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