• 28/agosto/2009 •

La noción fálica sobre el Estado

<b>Carlos Cuadrado S</b><br>
Director Ejecutivo de Grupo Vértice. Periodista. Magíster en Ciencias Políticas.

Carlos Cuadrado S
Director Ejecutivo de Grupo Vértice. Periodista. Magíster en Ciencias Políticas.

Al menos desde las últimas dos elecciones presidenciales (1999 y 2005) y en la actual campaña para acceder a la primera magistratura, la discusión sobre el rol del Estado en Chile se ha centrado fundamentalmente en su “tamaño”.

Sectores ligados a la Concertación y la izquierda extraparlamentaria han abogado permanentemente por tener un ente grande, vigoroso y fuerte de corte paternal y benefactor que se ajuste a las necesidades de un país con amplias desigualdades sociales y con un nivel de pobreza todavía elevado (13, 5% según cifras oficiales). Mientras que la Alianza por Chile históricamente se ha inclinado por administrar un Estado más pequeño pero eficiente, exento de materia grasa y que intervenga sólo tangencialmente en el mercado a través de la supervigilancia y fiscalización.

Pero dicha discusión va en el sentido contrario de los postulados internacionales que actualmente enfocan el debate en la gestión, en la capacidad que tiene un Estado para maximizar sus recursos, rentabilizarlos y mejorar la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía. Un Estado puede ser muy grande pero ineficiente, mientras que otro puede ser más reducido pero altamente calificado y resolutivo.

El Estado chileno es unitario y altamente centralizado, cuenta aproximadamente con más de 55 mil funcionarios repartidos entre ministerios, subsecretarias, servicios, corporaciones y entidades que están bajo su paraguas, mediante una estructura burocrática, rígida, que en algunas áreas no está modernizado y es poco innovador, generando cuellos de botella en su funcionamiento.

Los países que comprendieron a tiempo la naturaleza del asunto y que hace dos décadas estaban en condiciones similares a Chile, como Irlanda y su milagro económico, Australia y países del sudeste asiático fueron capaces de dar un salto cualitativo y cambiar su condición de países emergentes para transformarse en nacionesaltamente desarrolladas, con un ingreso per cápita sobre los 25 mil dólares, aumento sustancial de la productividad y disminución de las brechas salariales.

Es cierto, desde el retorno a la democracia, Chile ha avanzado bastante en reducir la pobreza más dura, en otorgar un mayor poder adquisitivo a la población, en posibilitar el acceso a productos y servicios que hace dos décadas sólo un porcentaje menor podía disfrutar. Durante los gobiernos de la Concertación los recursos en materia de salud y educación se han más que triplicado, la entrega de viviendas sociales se ha más que duplicado y ha mejorado significativamente su calidad.

Pero todos estos elementos no han sido suficientes para lograr un progreso sustantivo que termine con las desigualdades que hasta hoy subsisten, ya no en el acceso, sino en la calidad de los servicios. El dilema actual no es la falta de recursos, es la incapacidad estructural de gestionar bien la maquinaria estatal para mejorar la operatividad en términos cualitativos y no cuantitativos.

El Estado chileno hace bastante rato que está pidiendo a gritos una agencia independiente que certifique la calidad de las políticas públicas, desde su planificación hasta su puesta en marcha, en que se controle y exija el cumplimiento de estándares internacionales, plazos y recursos no sólo a nivel central, sino que también regional, provincial y comunal.

Ha quedado en evidencia que el sistema de Alta Dirección Pública que se creó en el marco del proceso de modernización del Estado impulsado durante el gobierno de Ricardo Lagos, es un avance, pero no resuelve los problemas de fondo, ya que apunta exclusivamente a cargos directivos.

Mientras las dos coaliciones gravitantes del sistema político chileno sigan enfrascadas en un debate ideológico fútil sobre el si el tamaña del Estado importa o no, lo cierto es que no lograremos avanzar en esta materia, donde sería bueno que los dirigentes comenzaran a utilizar modelos aplicados en el mundo privado, de lo contrario, la brecha entre éste y el sector público seguirá ampliándose.

Carlos Cuadrado S.

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