• 14/abril/2011 • Salud
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La salud de las mujeres: un tema de derechos humanos

Pamela Eguiguren
Matrona, Magister en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Jefa división Promoción de la Salud Escuela de Salud Pública.

La salud de las mujeres ha sido una preocupación de la salud pública, aunque vinculada fundamentalmente a su biología, a su capacidad reproductiva y a la maternidad. Conocidos son los planes de salud maternoinfantil, con cuidados prenatales, atención profesional del parto y otra serie de medidas. En esa misma línea surge la licencia pre y postnatal, hoy en discusión en nuestro país.

En Chile, la mortalidad materna e infantil es reducida, lo cual prueba que dichas políticas han dado resultado. Sin embargo, hoy este indicador no da cuenta de los cambios que hoy requiere la justicia de género y la salud de las mujeres. Es que el desarrollo científico-tecnológico y el nivel de formación de nuestros recursos humanos para la atención de salud hacen que problemas de importancia reconocida para la mortalidad materna no registren un impacto visible en los indicadores generales de salud. Es el caso de los abortos clandestinos, estimados en más de cien mil anuales; sin embargo, el número de muertes por aborto no supera las siete cada año, aunque no por ello el aborto ha dejado de ser un problema de salud pública y de tener impacto en la salud de las mujeres. No hay acceso a un aborto seguro, incluso cuando existen amenazas a la salud física y mental de la mujer.

El embarazo adolescente es otro reflejo de las restricciones que las mujeres enfrentan desde los inicios de su vida sexual para manejar sus decisiones en esta materia, con acceso a información y a métodos modernos para controlar su fertilidad con plena autonomía. También las posibilidades de protegerse frente a infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA se ven afectadas por esta falta de autonomía. Lo anterior sucede en un sistema en el que las restricciones son realmente insalvables para quienes tienen más necesidades, menos recursos y menos poder, pues el negocio de la salud se encarga de hacer disponibles estos servicios a quienes puedan pagarlos fuera del sector público.

La política de anticoncepción, por su lado, no ha sido consistente en el tiempo y el acceso a recursos y a tecnología para el control de la fertilidad por parte de las mujeres no es un logro asegurado. Difícil de entender, si consideramos que hoy existe reconocimiento explícito a nivel internacional de que tener acceso a métodos modernos para decidir el número de hijos y su espaciamiento es un derecho humano irrenunciable.

Probablemente donde se registran más avances es en los aspectos curativos. La introducción de algunas patologías en el AUGE -como la depresión, el cáncer de mamas y el cervicouterino- contribuye a disminuir el daño y las cifras de mortalidad en problemas de alta incidencia en las mujeres.

El género como categoría de análisis nos permite mirar más allá de las causas directas, hacia los determinantes sociales, las llamadas “causas de las causas” en materia de salud, como en otras áreas. Numerosas investigaciones sobre las condiciones sociales, económicas y políticas de las mujeres encuentran evidencias de inequidades estructurales respecto de los hombres. Éstas se expresan en diferencias salariales, segregación laboral y precarización del trabajo femenino, distribución inequitativa del cuidado familiar y del trabajo doméstico y desigualdades en la participación política, por nombrar algunas dimensiones donde las mujeres se encuentran en posición desfavorable y donde evidentemente se vulnera su salud y bienestar. Y no podemos dejar de nombrar la violencia y la magnitud de su impacto en la salud de las mujeres: 55 muertes el año 2010 -más que las maternas- hablan por sí solas. Otros resultados de salud completan esta visión, como el aumento y predominio femenino en cifras de estrés y depresión.

Tanto en lo social como en lo sanitario, las políticas públicas son el instrumento para abordar las inequidades. Por ello, frente al anuncio de un proyecto de ley sobre licencia postnatal no se puede menos que tener a la vista las inequidades estructurales de las que hay que hacerse cargo para que este beneficio no las profundice. La licencia debe ser un derecho universal, asumir los costos de la reproducción como bien social, instalarse como un derecho parental que implique sí o sí la participación masculina en la crianza y resguardar el goce de este derecho para todas las mujeres, especialmente para quienes viven situaciones de precariedad y que hoy no están siendo cubiertas.

En suma, reconociendo que hay avances, queda aún mucho camino por recorrer. La información sobre el estado de salud de las mujeres y el análisis de género son herramientas indispensables para seguir vigilando y abogando por políticas que se hagan cargo de las inequidades que impiden a las mujeres gozar y ejercer en plenitud un derecho humano fundamental, como es el derecho a la salud.

Pamela Eguiguren.

Publicado: 14/04/2011

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