• 19/febrero/2021 •

Ley Anticolusión y mayores sanciones a este delito

<b>Andrés Bustos</b><br>
Abogado experto en delitos económicos y socio de Bustos Gómez Abogados

Andrés Bustos
Abogado experto en delitos económicos y socio de Bustos Gómez Abogados

Famosos son en el país los casos de colusión del papel higiénico, el precio de los pollos y de los medicamentos, donde hoy existe un proyecto de ley en cuya discusión se aborda una problemática que estuvo directamente relacionada con las demandas ciudadanas del estallido social. Fue en marzo de 2020 cuando el gobierno presentó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley Anticolusión para elevar las penas y multas a dichos delitos, pero no se ha visto avances desde entonces y se esperaba una reactivación para diciembre pasado. 

Pero, ¿qué es la colusión? Según la RAE, la colusión es un “pacto ilícito en daño de tercero”; es decir, en los ejemplos mencionados fueron los miembros de las industrias del papel higiénico, los empresarios del pollo, los laboratorios farmacéuticos y las cadenas de farmacias, quienes hicieron un pacto entre sí para beneficiarse con sus ventas en desmedro de un tercero, en este caso, los consumidores. Y es la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la encargada de investigar que los mercados no realicen esos pactos ilícitos y, si detecta este tipo de asociaciones, es la entidad competente para fiscalizar, querellarse y buscar una sanción que refleje el castigo y la reparación de los daños. 

Sin duda revisar los proyectos que mejoren la persecución penal en materia de libre competencia y, a su vez, retomar su promulgación y entrada en vigencia, fortalece los mecanismos que posee la Fiscalía Nacional Económica para su cumplir su rol. En ese panorama, en temas relacionados con dichas materias, la arista penal y el impulso para que se investiguen estos delitos depende exclusivamente del Fiscal Nacional Económico, a través de la presentación de una querella (criminal), a fin de que con tales antecedentes el Ministerio Público comience una investigación penal. 

Actualmente, la penalidad asociada a delitos de colusión oscila entre los 3 años y un día a 10 años de cárcel, mientras que el proyecto busca aumentar ese período comenzando desde los 5 años y un día de presidio hasta los 10 años, incluyendo cárcel efectiva para casos de colusión que involucren bienes de primera necesidad, al cambiar la nomenclatura de simple delito a penas de crímenes. Ese día (1) hace la diferencia del tipo penal, pues para las penas de crímenes, conforme a nuestra legislación en actual vigencia, no operan las penas sustitutivas (cumplir una condena en libertad). 

Otra de las medidas que impulsa el proyecto de ley, busca fortalecer a la FNE a través de facultades como el alzamiento del secreto y de la reserva bancaria; además de crear la figura de ‘denunciante anónimo’ ante el organismo. Estas medidas fortalecen los mecanismos para investigar y poder desarticular actos que vayan o atenten contra la libre competencia. Son herramientas que permitirían declarar conductas que acrediten concertaciones o bien acuerdos expresos o tácitos entre distintos actores relevantes de un mercado, a fin de que prevalezca la eficiencia económica, tanto desde la óptica de los comerciantes como de los consumidores. Esperamos las novedades de este proyecto de ley, que más allá de ser parte de las demandas sociales de la ciudadanía durante el estallido social, también busca mejorar la relación entre consumidores y empresas, donde no haya cabida para abusos hacia el público.

Andrés Bustos
Abogado experto en delitos económicos y socio de Bustos Gómez Abogados

Relacionados: