• 28/agosto/2009 •

LGE y Ley de Instrucción Primaria Obligatoria: un paralelo histórico

<b>Marco Antonio Castro</b><br>Director de Postgrados. Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Central.

Marco Antonio Castro
Director de Postgrados. Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Central.

Pareciera ser que agosto es un mes destinado a la promulgación de cuerpos legales trascendentes para nuestro país. En efecto, el pasado 17 de agosto, en el marco de la entrega de becas Presidente la República, sin la presencia de los gremios docentes ni de las organizaciones representativas de los estudiantes, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley General de Educación.

Hace 89 agostos, específicamente un día 26, en Santiago hubo una gran fiesta con desfiles escolares, con cientos de banderas chilenas con la presencia masiva de profesores, con música, con una amplia concurrencia ciudadana.

De esa manera, se promulgaba la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. “Salve ley redentora de la Nación Chilena que rompes las cadenas de las almas sin luz, las despiertas del sueño mortal en que ellas duermen, fecundas su albo germen, las libras de su cruz” cantaban los niños entonando el Himno Patria Nueva, compuesto para tal efecto. La Patria había nacido tras los triunfos militares de Chacabuco y Maipú, ese día nacía la Patria Nueva tras el triunfo de la inteligencia y del pensamiento.

Pero, lo anterior no fue una concesión graciosa de la oligarquía en ese entonces dominante, fue el fruto de una lucha denodada, encabezada por el gran educador Darío Salas, precedida de debates encarnizados.

Por un lado, el mundo conservador, que advertía como peligroso y moralmente perniciosos los efectos del acceso de los pobres a la escuela y por otro, los sectores que veían que solamente con un acceso universal a la educación habría una democracia más auténtica, una Nación más integrada, un desarrollo económico más equilibrado.

Nombres de la talla de José Victorino Lastarria, Valentín Letelier, Francisco Antonio Encina, entre otros, aparte del ya citado Darío Salas, habían hecho oír su vibrante voz en debates de una altura, a la que lamentablemente hoy ya no acostumbramos.

La LGE se dicta sin terminar de convencer ni siquiera a la Concertación gobernante.

Tras demasiadas concesiones a la derecha que bloqueaba dicha iniciativa legal, algunas terribles como la mantención del lucro y la incorporación de profesionales sin formación pedagógica en la actividad docente, se da origen a una ley que instala una nueva institucionalidad en la educación chilena, creando la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación. Instituciones, sin duda, necesarias y orientadas a brindar una mayor transparencia en el destino de los recursos públicos.

Pero a todas luces insuficiente en relación a los grandes requerimientos que involucra el nuevo siglo en los ámbitos social, cultural, político, ético y económico.

Esperamos que una nueva ley, en un futuro, ojalá no lejano, que tenga un mayor protagonismo de los actores educativos sea celebrada con desfiles, con música, con alegría, por cuanto recogerá los anhelos de esa “Patria Nueva” que aún espera.

Marco Antonio Castro.

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