• 20/enero/2013 •

Los acreedores

Andrés Rojo Torrealba

Andrés Rojo Torrealba
Periodista titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es sesor parlamentario por cerca de quince años, en el Senado y la Cámara de Diputados. Colabora con medios nacionales y regionales, además de virtuales; realiza asesorías para diversas embajadas: y presta funciones como escritor fantasma. Conduce un taller de cuentos y escribe cuentos, novelas y aforismos.
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Andrés Rojo Torrealba
Periodista titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es sesor parlamentario por cerca de quince años, en el Senado y la Cámara de Diputados. Colabora con medios nacionales y regionales, además de virtuales; realiza asesorías para diversas embajadas: y presta funciones como escritor fantasma. Conduce un taller de cuentos y escribe cuentos, novelas y aforismos.

Nadie objetivo puede cuestionar los resultados económicos obtenidos por la dictadura, pero del mismo modo tampoco se puede negar que sus éxitos fueron a costa de la supresión de derechos sindicales y de la atomización de la organización social.   Así es cómo avanza Chile, y a costa del sacrificio de parte de la sociedad se logra un progreso que, se supone, beneficia a la mayoría.  La lógica indica que en algo tiene que favorecer a los que se sacrifican o ese grupo habría desaparecido casi desde el principio de nuestra historia.

El problema es que, tarde o temprano, vuelven a aparecer los grupos que se han visto postergados en nombre del bienestar general a reclamar  su parte del premio por haberse sacrificado.   El raciocinio es claro: Si hemos contribuido a que la economía del país esté mejor, ¿por qué a nosotros no nos va a llegar esa mejoría?  Es perfectamente justo.   Lógico, justo y necesario porque no se pueden estar pidiendo contribuciones sin reconocerlas, y mucho menos cuando en bastantes ocasiones esos aportes no son voluntarios.

Eso es lo que sucede con las demandas de los mapuches.   Su queja no es solamente contra el colonizador español ni contra las actuales autoridades.   Es contra un siglo y medio de engaños y abusos patrocinados por el Estado chileno.

No es posible asombrarse ahora porque pidan un cierto grado de autonomía ni por exigir que se les pida perdón.   Lo que sí es complicado es la petición de que sean indemnizados.     Es justo, eso no se puede negar, pero el único valor posible para cubrir los daños que se les han causado es devolverles el territorio nacional, y eso no es realista.

Pero ellos no son los únicos que pueden reclamar el pago de su deuda.  Están las demás etnias, están los pobres a los que se les ha negado la posibilidad de aprovechar sus capacidades para progresar, están las regiones que por el solo hecho de estar a cierta distancia de la capital se han visto frenadas en su desarrollo, están todos los que han sido víctimas de abusos por parte del Estado.   Sería imposible pagar todas esas deudas pero sería un buen paso reconocerlas al menos.

Claro que eso requiere adoptar como sociedad una nueva actitud: La de mirar de frente, la de reconocer culpas y errores, la de asumir las responsabilidades heredadas porque en algo que somos expertos es en mirar para el lado, en echarle la culpa al que ya no se puede defender y prometer compromisos que no se piensan en cumplir desde el segundo previo al juramento.

Así no se puede.  Así no son los países que quieren ser serios y respetados.

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