• 19/abril/2010 •

Los riesgos del inminente sismo social con replica política

<b>Rodrigo Vidal Rojas</b><br>
Arquitecto Universidad de Santiago de Chile. Docteur es Lettres, Universite de Lausanne, Suiza Master en Diseno Urbano y Ordenamiento del Territorio, Universite de Geneve, Suiza. Master en Ciencias Sociales del Desarrollo, Universite de Geneve, Suiza. Di

Rodrigo Vidal Rojas
Arquitecto Universidad de Santiago de Chile. Docteur es Lettres, Universite de Lausanne, Suiza Master en Diseno Urbano y Ordenamiento del Territorio, Universite de Geneve, Suiza. Master en Ciencias Sociales del Desarrollo, Universite de Geneve, Suiza. Di

Nuestro país se encuentra en estado de réplica. Mientras sismólogos y oceanólogos de diversas latitudes monitorean constantemente el comportamiento de la corteza terrestre, en especial la latencia de réplicas telúricas diarias, economistas y politólogos monitorean los vaivenes de los indicadores económicos y de las señales políticas, para evaluar hasta donde se trata de oscilaciones normales y a partir de qué momento, esos vaivenes, pueden bascular hasta un punto de ruptura donde la oscilación indique un efecto peligroso del terremoto del 27 de febrero.

En otras palabras, preocupa la energía social que el terremoto pueda estar incubando en materia de deterioro económico, de inestabilidad política y, principalmente, de insatisfacción social, y que pueda liberarse bruscamente a mediano plazo. Ésta puede ser grave por el efecto destructivo que puede llegar a tener para muchos compatriotas. Las otras, las telúricas, no tendrán la magnitud del terremoto y el país ya está tomando las precauciones para afrontarlas de la mejor manera posible. Intentemos, más bien dilucidar cuán preparados estamos para enfrentar la riesgosa réplica social ad-portas.

Gestionar el imprevisto es tan complejo, que las posibilidades reales de salir airoso son impredecibles. Más aún cuando el imprevisto se administra improvisando. Tras largos años preparándose para ser Presidente de la República, el empresario Sebastián Piñera soñó, junto a su equipo, un determinado Chile, una determinada sociedad, y apostó a que era posible construirla a partir de un proyecto-país simple, preciso, con objetivos claros, con un mecanismo explícito de financiamiento y con un gabinete de gerentes. Para lograr sus metas, constituyó los Grupos Tantauco, costoso equipo que elaboró el proyecto de país que el Presidente soñaba. Pero el día de la asunción del mando el rostro del Presidente, y de los miembros de su círculo más cercano, reveló que el terremoto del 27 de febrero había modificado las prioridades y había generado urgencias insospechadas, ya que dicho evento no estaba en los escenarios previstos. La imagen de miles de chilenos que, tras años de sacrificio, no celebrarán el Bicentenario desde sus casas o departamentos recién adquiridos si no desde mediaguas, debe haberse grabado fuerte en la mente del equipo gobernante. El sueño de varios años devino en pesadilla en tres minutos. Y la visión del norte a seguir, de los objetivos a alcanzar en cuatro años, se empañó al compás de la bruma que fue cubriendo nuestro litoral tras el maremoto.

El terremoto cambió para siempre el Plan de Gobierno del Presidente Piñera e instaló la duda respecto de las posibilidades reales de alcanzar el éxito durante su mandato. Tanto que el propio Presidente se apresuró en declarar que no cometería los errores del gobierno de Alessandri, tras el terremoto de 1960. Sin embargo, el riesgo de fracaso de la acción gubernamental con el consiguiente riesgo inminente de implosión social, quedó instalado, por diversas razones, entre las cuales solo mencionaré tres.

Primero, las prioridades presupuestarias y de gasto/inversión del gobierno han debido modificarse. El Gobierno dice no renunciar a sus prioridades originales pero sí afirma que con el terremoto se agregan nuevas prioridades. Sin embargo, el cómo financiará este aumento de prioridades es una discusión aún no zanjada a más de tres semanas de haber asumido. Por de pronto, se prepara una reasignación presupuestaria de hasta un 25% del FNDR desde las regiones menos afectadas hacia las más damnificadas. Al mismo tiempo, se aprobó un reasignación del presupuesto 2010 de la nación por US$ 702,7 millones. Por otra parte, se registró un aumento del desempleo, el que en el trimestre diciembre-febrero fue de 8,5%, teniendo como agravante la cercanía del invierno, estación donde normalmente aumenta la desocupación. En ese sentido, y desde un punto de vista social y psicológico, es un hecho alarmante la cifra de casi siete mil despidos registrados durante marzo, en virtud del Artículo 159 del Código del Trabajo sobre término del contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor, aplicado por empresarios privados.

La segunda razón para temer una efervescencia social, asociada a cómo restituir el orden económico, político y social, existente antes del 27 de febrero, -y que el actual Gobierno prometió cambiar- hecho que tiene costos cuantificables y no cuantificables que superan largamente los cerca de 30 mil millones de dólares, de cargo público y privado, calculados por Hacienda. Y la paradoja es que después de años prometiendo un cambio de ese orden, el Gobierno debe apresurarse a restituir ese orden perdido que, según sus propios ideólogos, era insuficiente para el crecimiento económico y la prosperidad social. Entre los costos no cuantificables citemos la presión por respuestas rápidas ejercida por los más afectados; una reconstrucción que se hace desde las oficinas del Barrio Cívico sin la participación de los afectados; el sentimiento de desamparo de los damnificados frente a la ausencia de las autoridades; el temor de que, como tantas otras veces, las familias deban residir en viviendas de emergencias durante largos años; las pérdidas de futuro para las regiones por la disminución de la actividad turística; las pérdidas por menor producción, avaluadas preliminarmente en US$ 7.606 millones, producto del daño en las instalaciones.

Una tercera razón, es que el Gobierno sabe que la única respuesta satisfactoria para los afectados es retomar un estado al menos igual a aquel previo al terremoto, lo que parece difícil de lograr. Estamos más lejos de poder erradicar la pobreza, promesa estrella del gobierno actual, porque el país es más pobre después del terremoto. Más pobre porque ha perdido mucho en equipamiento, en vivienda, en infraestructura, en instalaciones, en seguridad, y tendrá que gastar mucho para recuperar lo material, ya que lo humano es irrecuperable. El ministro de Hacienda Felipe Larraín ha estimado, preliminarmente, que la reconstrucción demandará al erario público un total de US$ 9.300 millones, en los temas más urgentes que son vivienda, salud, educación, obras públicas y bienes nacionales. Chile tiene ahorros por US$ 11.000 millones en un fondo soberano en el extranjero, lo que explica en parte la postura del senador Novoa en contra del alza de impuestos; pero el presidente Piñera sabe que gastar el ahorro es una señal de empobrecimiento que más temprano que tarde se puede volver en su contra.

Complementariamente, la presencia constante del Presidente en terreno crea sobre expectativas que deben poder ser satisfechas. Este trabajo de terreno revela que el Presidente está apurado: sabe que la paciencia de los chilenos dura poco y que el mundial distraerá la atención al punto que los que más sufren pueden quedar olvidados y, resentidos. Pero esto se puede transformar en una fuerza social difícil de manejar por parte del gobierno, pese a la presencia en terreno del Presidente; de la mediática acción de los empresarios amigos del gobierno; de la rapidez de las soluciones de emergencias y de la danza de millones en las declaraciones públicas. Si la población no percibe que sus problemas están siendo de verdad resueltos, y se sigue sintiendo objeto de la mal llamada reconstrucción y no protagonistas de ella, el riesgo de implosión social está ad-portas.

En esas circunstancias, la promesa de un estilo de gobierno marcado por la eficiencia, las soluciones prácticas y una nueva forma de administrar, y que debía ser evaluado tras cuatro años de gestión, está puesto a prueba desde antes de comenzar y será evaluado y juzgado a muy corto plazo. Y el terremoto no será argumento suficiente para justificar el no cumplimiento del Programa de Gobierno, más aún si importantes líderes de la UDI ya advirtieron que exigirán el cumplimiento de las promesas electorales.

Rodrigo Vidal Rojas.

Publicado: 10/04/2010

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