• 24/septiembre/2010 •

“Mapuche”: Reivindicación de derechos

<b>Leonardo Aravena Arredondo</b><br>
Profesor de Derecho, Universidad Central.

Leonardo Aravena Arredondo
Profesor de Derecho, Universidad Central.

Al superar dos meses la “huelga de hambre” declarada por 34 comuneros mapuche encarcelados en la Región de La Araucanía en Chile, el conflicto parece lejos de solución y, por el contrario, sus posiciones se endurecen, optando por dejar de ingerir líquidos, lo que podría terminar con la vida de uno o más de ellos cuando el país celebra 200 años desde la “Primera Junta de Gobierno”.

La reivindicación de tierras ancestrales arrebatadas por el Estado y por los “colonizadores” en el siglo XIX, y la exigencia de respeto por sus costumbres y tradiciones, llegan al extremo que se observa hoy, por cuanto los sucesivos gobiernos no han prestado atención a los reclamos, planteando soluciones parciales sin aplicar políticas que permitan la convivencia y co-habitación entre el pueblo de Chile y el pueblo Mapuche al interior del mismo Estado/Nación.

En un país con marcada parcialidad de los medios de comunicación, no llama la atención la poco objetiva cobertura mediática del “tema mapuche” y pocos son los detalles informados más allá de la reivindicación, siempre latente, ignorándose los problemas puntuales de hoy: la aplicación en los procesos seguidos en contra de los mapuche de la “Ley Antiterrorista” dictada durante la dictadura y su enjuiciamiento de acuerdo con el anacrónico “Código de Justicia Militar”, cuando resulta algún efectivo policial afectado.

En dos oportunidades han visitado Chile relatores especiales de la ONU para conocer del asunto y en ambos casos se ha concluido que se trata de movimientos reivindicativos de derechos de pueblos originarios, que no pueden ser considerados terroristas, como tampoco los actos que se efectúan con ocasión de tales reivindicaciones, diferentes en su motivación, finalidad y efectos.

En los juicios contra los mapuche al amparo de la “Ley Antiterrorista” de invocación privativa por parte del gobierno de turno, no se cumple con mínimas normas del “debido proceso” y se les trata en forma diferente que al resto en cuanto a la extensión de los períodos de detención, beneficios carcelarios y, principalmente, en el uso de testigos enmascarados y sin individualización, no permitiéndose el contrainterrogatorio, con abandono del principio de “bilateralidad de la audiencia”, del “derecho a defensa” y de los más elementales fundamentos de “igualdad ante la ley”, sancionada en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución, ignorándose la aplicación de juicios justos e igualitarios.

Los criterios para procesar y condenar a los mapuche son muy diferentes a los empleados en caso de delitos cometidos en su contra. Por ejemplo, un carabinero que causó la muerte de un mapuche disparándole por la espalda, recibió una rápida condena a sólo 3 años de reclusión, pena remitida que no se cumple efectivamente. En comparación a la duración de los procesos y las penas que arriesgan los mapuche (se aumentan en 1, 2 o 3 grados y van desde 5 años y un día a presidio perpetuo), dicha sanción resulta irrisoria.

Otro aspecto fundamental es la aplicación de procedimientos y tribunales del “Fuero Militar” en la represión y juzgamiento de los mapuche procesados por supuestos actos ejecutados en contra de Carabineros, cuando éstos han reprimido las manifestaciones reivindicacionistas. La legislación especial con jueces militares, debe aplicarse solo a los militares, con militares, en asuntos militares y, en ningún caso, a civiles.

El “problema mapuche” se arrastra por décadas. Gobiernos democráticos anteriores al actual buscaron avanzar en forma decidida, principalmente a través de la promulgación de la llamada “Ley Indígena”, Nº 19.253, cuyo “espíritu” fue el de reconocer a los pueblos indígenas y protegerlos de los abusos de que habían sido objeto por parte tanto del Estado chileno, incluidas las fuerzas armadas y de orden, como por los particulares y privados que en tantas ocasiones se beneficiaron del uso, venta y explotación de sus tierras. No obstante ello, terminaron invocando la “Ley Antiterrorista” dictada por la dictadura.

El interés reivindicatorio del pueblo mapuche está por sobre el supuesto terrorismo imputado a sus dirigentes encarcelados, generando una suerte de estigmatización a su respecto, siendo preciso derogar el fuero militar y dejar de aplicar la “Ley Antiterrorista” por la vía de cambiar la tipificación de las figuras delictuales, calificando como comunes los que hoy son delitos terroristas. Como ley más benigna, la nueva normativa recibiría aplicación inmediata respecto de los actuales procesados. El proceso continuaría en los marcos de la “Reforma Procesal Penal”, la que, sin las distorsiones de la “Ley Antiterrorista”, asegura el respeto por el debido proceso.

Leonardo Aravena.

Publicado: 24/09!2010

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