• 10/agosto/2009 •

Mediación Penal: Otra forma de abordar la responsabilidad penal de los adolescentes

<b>Iván Fuenzalida Suárez</b><br>Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público.

Iván Fuenzalida Suárez
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público.

La actual preocupación por la eficacia del modelo de intervención que se aplica en el marco de la ley de responsabilidad penal juvenil, hace necesario tener presente que su objetivo prioritario es la “responsabilización” del joven por sus actos, lo que, en términos simples, significa conseguir que el adolescente asuma que su conducta ha causado daño y, a consecuencia de ello, en el futuro se comporte con respeto por los derechos de las demás personas. Por tanto, la eficacia del modelo debiera medirse en función del grado de responsabilización que consigue en los jóvenes a través de las respuestas penales que contempla.

Si consideramos que cerca del 80% de los delitos atribuidos a los adolescentes corresponde a infracciones menores o ilícitos de escasa y gravedad y que cerca del 75% de los jóvenes imputados registra sólo un ingreso, mientras que un porcentaje muy menor –cercano al 7%-, registra cuatro o más ingresos, concluiremos que el problema se encuentra claramente acotado y que lo que debiera preocuparnos es cuán eficaz es el modelo para lograr que ese 25% de jóvenes que ingresa más de una vez y, en especial, ese 7% que presenta mayor habitualidad delictiva, efectivamente tome conciencia del reproche que merece su comportamiento e inicie un proceso de cambio conductual

Está empíricamente demostrado que, aún contando con una oferta adecuada de actividades formativas a desarrollarse durante su ejecución, la sanción penal resulta poco eficaz en esta materia si el condenado no asimila la naturaleza y magnitud del daño concreto que su conducta ocasionó. El sistema procesal penal exhibe hoy notables mejoras a partir de la Reforma, pero sigue ofreciendo escasas posibilidades de que el imputado conozca la dimensión real del impacto de su accionar delictivo. De allí la enorme importancia que adquiere el desarrollo de nuevas formas de abordaje del problema, como el proyecto de mediación penal con adolescentes que el Ministerio Público está impulsando.

La mediación penal pone el acento en la construcción de una solución al conflicto generado por el delito, más que en la cuantía e intensidad de la pena. El desarrollo de esta modalidad de intervención en otros países exhibe exitosos resultados al permitir a los jóvenes apreciar directa y personalmente el impacto de su actuar en las víctimas. El daño se les muestra como una realidad concreta y ya no como una simple y casi abstracta alegación del sistema que lo acusa. Así se facilita su responsabilización y se logra que se comprometan con la solución del conflicto. Por otra parte, las víctimas son tomadas en cuenta por el sistema penal de un modo concreto y, con la ayuda de personal calificado, pueden enfrentar los traumas y demás manifestaciones de su victimización. Al mismo tiempo, obtienen del sistema una respuesta que se ajusta a sus necesidades específicas y no sólo que se castigue al victimario, lo que poco o nada aporta a su problemática personal. La experiencia catalana, por ejemplo, sorprende con los niveles de disposición de las víctimas a participar del proceso mediador y con los niveles de satisfacción con la respuesta.

Ciertamente, la instalación del sistema es compleja. Exige criterios adecuados de selección de casos, profesionales especialmente formados, procedimientos que garanticen la privacidad y seguridad de los partícipes, además de los acuerdos interinstitucionales que la hagan posible, entre otras cosas. Para ello, el Ministerio Público cuenta con la asistencia técnica de expertos con vasta experiencia en la materia, como los que construyeron y operan el sistema catalán. Es de esperar, empero, que el sistema sea capaz de vencer algunas tentaciones habituales en estos procesos, como la de ensayar con los casos menores o más sencillos. Esto provocaría al menos dos grandes problemas: primero, desincentivaría la participación del imputado y su defensa, quienes verían sometidos a un procedimiento complejo y de resultados eventualmente gravosos muchos casos que hoy se resuelven por vías expeditas y de menor rigor penal; y, segundo, importaría destinar los ingentes recursos que exige el proceso de mediación a casos abordables más eficientemente por otras vías. Por ejemplo, la víctima de lesiones menos graves atropellada por un conductor distraído que no respetó su derecho de paso preferente en una esquina, puede ponerse de acuerdo fácilmente con el infractor en alguna medida de reparación. Así ha sido siempre. No requiere de la asistencia de un mediador, como tampoco lo necesita el infractor para hacerse responsable de las consecuencias de su conducta.

La mediación penal, aunque no excluye otro tipo de casos, resulta particularmente recomendable en aquellos en que víctima e infractor se encuentran vinculados por un nexo común, como ocurre con los delitos que afectan a vecinos de un mismo barrio, compañeros de colegio o de trabajo. La experiencia comparada demuestra, además, que es tanto más útil y socialmente rentable cuanto más intenso es el conflicto al que se aplica.

El Ministerio Público ha tenido una gran iniciativa que es de esperar siga orientada en la dirección correcta.

Iván Fuenzalida Suárez.

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