• 22/octubre/2020 •

Ni de izquierda ni de derecha, una constitución verde

<b>Angélica Flores</b><br><b>Cristián Ulrich</b><br>Evópoli Acción Climática

Angélica Flores
Cristián Ulrich
Evópoli Acción Climática

El derecho a vivir en un ambiente sano y balanceado y que además esté libre de contaminación y el deber del Estado de velar por la preservación de la naturaleza, son dos elementos que deberían estar presentes en la constitución de Chile. Hoy, el texto de la carta fundamental solo menciona un medio ambiente libre de contaminación y se incluye en uno de sus artículos la posibilidad de que la ley limite el derecho a la propiedad cuando de por medio esté la conservación del medio ambiente.

Es necesario incluir la totalidad del medio ambiente en las bases de la institucionalidad, es decir, dentro de los primeros artículos de la constitución; que son los que establecen los valores fundamentales del Estado. Llevar lo ambiental a las primeras disposiciones de la constitución permitiría así que algunas dimensiones que hoy día están en el texto, como el deber del Estado de tutelar la protección de la naturaleza, se lean mejor, se entiendan mejor, y tengan un alcance más amplio y significativo.

Una nueva constitución debe no solo tener derechos medioambientales, sino que debe tener una visión de respeto al medio ambiente que sea transversal a todo el texto. Revisar la propiedad de los derechos comunes, como el agua, sería otro de los urgentes junto con incorporar a la carta magna la idea de un medio ambiente sano y no solo libre de contaminación.

En realidad, no basta con precisar derechos ambientales en una nueva constitución para que estos sean cumplidos. Esta nueva carta magna debería tener una visión transversal, en la que la protección al medio ambiente esté presente en todos los ámbitos en los que se desarrolla el país. Hay que considerar una perspectiva más transdisciplinaria, más holística. Se debe transformar este derecho fundamental en algo que tiene mayor trascendencia y que debiera inspirar al actuar de todos los órganos del Estado generando un Estado de derecho ambiental y así avanzar a una sociedad de equidad, sustentable y con justicia socioambiental.

Para asegurar que los ecosistemas sigan funcionando independientemente de lo que ocurra alrededor o sobre ellos, el derecho a la propiedad tiene que estar limitado ante consideraciones ambientales. De hecho, en la actual constitución permite que la ley pueda limitar el derecho de propiedad cuando este perjudica al medio ambiente. En este sentido, en la nueva constitución debiéramos establecer que es posible hacer que derechos como el medio ambiente sano sean más importantes que el derecho a la propiedad.

Quizá uno de los temas más complicados en los que se boceta el enfrentamiento entre el derecho a la propiedad y el medio ambiente es el agua, puesto que hoy la constitución no asegura el agua como un bien común o un bien nacional de uso público o un recurso natural vital. A partir de la escritura de una nueva constitución será posible llegar a establecer un nuevo régimen jurídico para este recurso. Esta discusión ahora “tiene un techo” puesto que tal cual está establecido, los derechos de agua están en manos de privados. Se debe incorporar una cláusula que declare y reconozca el carácter colectivo y la propiedad para el Estado sobre el agua como recurso natural vital que le deja posibilidad al legislador para que, si existen las mayorías necesarias, se pueda rediseñar el derecho de aguas. El Estado debe llegar a establecer la gestión que permita que se dé lugar al derecho humano al agua y a la protección de los ecosistemas antes de distribuirla para usos productivos.

Algo parecido debe ocurrir con la explotación de recursos naturales. Aunque actualmente existe una pequeña disposición que dice que un titular de una concesión minera debe ejercer su derecho respetando el interés público, se debe incluir una referencia a los recursos naturales, a su manejo sostenible, a la preservación del interés público, puede permitir una mirada más compleja de lo ambiental que se haga cargo de ello también desde una dimensión colectiva.  Se deberá incluir el uso de la palabra “sano”. Es así como el derecho al medio ambiente sano es el piso mínimo que está considerado en la mayoría de las constituciones del mundo. Sin embargo, ese derecho, tal cual está redactado en la constitución chilena de 1980, hace mención a un medio ambiente libre de contaminación. La diferencia, que a primera vista podría parecer poco relevante, guarda en realidad importantes distinciones.

Hablar de un medio ambiente libre de contaminación es insuficiente, aunque no solo debido a la inexistencia de normas que regulen la emisión de ciertos componentes, sino también porque un medio ambiente sano es mucho más que la inexistencia de contaminantes. Incluye la contaminación por ruido, paisajística, lumínica, el tratamiento de las basuras y la carencia de componentes ambientales que permiten que el entorno cumpla los servicios ecosistémicos básicos. 

La constitución también debería hacer referencia al patrimonio natural y considerarlo como un valor cultural y simbólico de la identidad nacional. 

Una nueva constitución debería permitir una mayor participación de los ciudadanos en decisiones que implican cuestiones ambientales. 

En la práctica, la nueva constitución debe ser capaz de colocar los derechos medioambientales en un pie de igualdad respecto de los derechos económicos, en el entendido que queremos que esta sociedad se desarrolle, no que estos dos aspectos son incompatibles y se debe elegir a uno en pos del otro.

Angélica Flores
Cristián Ulrich
Evópoli Acción Climática

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