• 27/julio/2009 •

Niños y delincuencia

<b>Francisca Werth Wainer</b><br>Directora Ejecutiva Fundación Paz Ciudadana.

Francisca Werth Wainer
Directora Ejecutiva Fundación Paz Ciudadana.

En nuestro país, un menor de edad es imputable penalmente por la comisión de un delito a partir de los 14 años. Esto significa que si un niño de menor edad delinque, no puede ser juzgado ni condenado. Sin embargo, eso no implica que no se pueda hacer nada respecto de ese menor o que tengamos que esperar que cumpla 14 años para que ingrese al sistema penal para recién intervenir.

La investigación y experiencia comparada indican que mientras más precozmente se manifiesta la conducta delictiva, es más probable que este actuar se vuelva crónico y violento, convirtiendo a estos niños en infractores “depredadores”, es decir, personas que a lo largo de su vida cometen muchos delitos, causando un gran daño a la sociedad. Sin embargo, Chile no cuenta con programas especializados para intervenir a nivel de niños inimputables. Tampoco se ofrece a las familias las herramientas que les permitan abordar y proteger a estos menores. Si en el contexto del sistema de justicia juvenil la oferta programática es precaria, con los menores de 14 es inexistente.

El riesgo de mantener esta situación es que, particularmente con casos tan mediáticos como el del “Cisarro”, se inicien debates en torno a una posible rebaja de la edad de imputabilidad penal, y se introduzcan reformas que busquen rebajar el límite de los 14 años. Si se optara por ese camino, sólo se conseguiría que se inicie cada vez más temprano el contacto de los niños y jóvenes con el sistema de justicia y la cárcel, con mayor posibilidad de contagio criminógeno y sin que tampoco se garantice una real intervención.

Resulta indispensable avanzar en el fortalecimiento de los programas de prevención a nivel local. Estudios de trayectorias de vida de adultos condenados a penas de cárcel muestran que la mayoría tiene bajos niveles de escolaridad, vivió una infancia marcada por la marginalidad y sufrió violencia y abusos. Muchos estuvieron expuestos desde temprana edad a múltiples factores de riesgo en sus entornos familiares y sociales. Pero estos factores de riesgo pueden ser contrarrestados por otros protectores (un familiar especialmente querido, el liderazgo, la inteligencia, las habilidades propias del niño que cometió el delito). Éste es, precisamente, el sentido de detectarlos e intervenir a tiempo. No se trata de aplicar cualquier programa, los esfuerzos deben focalizarse en aquellos factores de riesgo determinantes para el desarrollo de futuras carreras delictivas, reforzar los factores protectores y deben ser específicos respecto del individuo y su familia.

La primera vez que un menor de edad se encuentra con el sistema -cuando el consultorio detectó un maltrato, o la escuela se percató de una dificultad en el aprendizaje, o Carabineros lo detuvo por la comisión de un delito- es una oportunidad en la que una política social efectiva podría haber intervenido.

Hace ya tiempo que conocemos quiénes son los niños que ingresan a las comisarías, en qué calles y barrios viven. Sabemos también con quienes son detenidos, generalmente amigos y vecinos del barrio. Es hora entonces de usar esa información para desarrollar estrategias donde la delincuencia y la violencia se aborden a nivel local, con programas concretos y específicos. El sistema de justicia juvenil requiere de profundas modificaciones, inversiones y evaluaciones. Desde el año 2005 se encuentra en trámite legislativo la ley que crearía un sistema de protección de derechos de la infancia y la adolescencia. De no existir el desarrollo paralelo de estos sectores, sólo tendremos a niños que, tras el paso de los años, terminarán engrosando aún más nuestras ya abultadas estadísticas de población penitenciaria.

Francisca Werth Wainer

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