• 04/diciembre/2009 •

Perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas

<b>Rafael Gómez Pinto</b><br>Abogado y profesor de Derecho Comercial de la Universidad Central de Chile.

Rafael Gómez Pinto
Abogado y profesor de Derecho Comercial de la Universidad Central de Chile.

Divulgación de información al mercado

Esta Ley se publicó el 20 de octubre de 2009 y comenzará a regir el 1º de enero de 2010.

Se incrementa el deber de divulgar información al mercado a través de varios mecanismos, destacándose el que los sujetos obligados a comunicar sus transacciones en acciones de una compañía deberán hacerlo en tiempos más breves, acorde con la velocidad de los mercados.

El directorio deberá definir una política que asegure el flujo de información al mercado en el menor tiempo posible y revelar información a todos los accionistas de manera oportuna, reduciendo las ventajas de quienes tienen mayor cercanía con la administración.

La iniciativa obliga a los accionistas que controlen el 10% o más de las acciones de una sociedad anónima abierta, así como también a sus ejecutivos principales, debiendo informar a la Superintendencia de Valores y a cada una de las bolsas de toda adquisición o enajenación de valores a más tardar al día siguiente en que se ha materializado la operación.

Uso de información privilegiada

En materia de uso de información privilegiada, entre otras reformas, se propone agregar la prohibición de vender los valores cuando se está en posesión de una información privilegiada. Asimismo, se propone distinguir la presunción de posesión de información (aplicable a los que se desempeñan dentro de la administración) de la presunción de acceso a la información (aplicable a actores que interactúan con la administración, sin ser parte de ella).

Por último, se propone que los directorios de emisores de valores de oferta pública adopten y difundan una política interna que determine las obligaciones de sus ejecutivos principales respecto de la transacción de valores de la compañía, pudiendo optar por alguna de las alternativas de restricción (incluyendo el block-out) contenidas en un repertorio que ofrece la ley.

También se presume que poseen información privilegiada los ejecutivos principales y dependientes de las empresas de auditoría externa del emisor o del inversionista institucional; los socios, gerentes, administradores y ejecutivos que formen parte del consejo de sociedades clasificadoras de riesgo de valores del emisor; aquéllos que fiscalicen a los emisores de valores; quiénes presten servicios a un inversionista institucional y parientes de todos los anteriores.

Directores independientes

La Ley exige a toda sociedad anónima abierta la obligación de integrar al menos a un director independiente dentro de su directorio, cuando tenga a lo menos 1,5 millones de UF de capitalización bursátil y sobre el 12,5% de sus acciones en poder de accionistas minoritarios.

Se incluye una nueva definición de independencia que incorpora requisitos de fondo, complementando el criterio formal actualmente vigente.

Comité de directores

Contempla la función principal del comité de directores al interior de una empresa, estableciendo como obligación que deberá constituirse en su mayoría por directores independientes y se le incorporan mayores atribuciones para el ejercicio de su rol fiscalizador.

Operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés

Se incorpora una nueva regulación para las operaciones que un director pretenda realizar con partes relacionadas, estableciendo un procedimiento que exige explicitar los conflictos de interés que sean materia de acuerdo, debiendo él o los directores comprometidos abstenerse de votar, sometiéndose a la aprobación del directorio, excepto de aquéllos directores involucrados y que la junta de accionistas sea informada de la situación en su próxima citación. Además, se define lo que debe entenderse por monto relevante a todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio social. En efecto, quedan fuera todas las demás operaciones para no entrabar la celeridad de los negocios, admitiendo que existen numerosas operaciones con partes relacionadas que son habituales pero de bajo monto o que se realizan con filiales, quedando a salvo las realizadas con aprobación del directorio.

Funcionamiento de la junta de accionistas

Se potencia el funcionamiento de la junta al establecer medidas que buscan que los accionistas dispongan de más y mejor información con la cual poder ejercer su voto con una anticipación razonable a la junta pertinente, así como la adopción, con autorización de la Superintendencia, de mecanismos electrónicos de voto a distancia que incentiven una mayor participación de minoritarios.

Auditoría externa

Se elevan los estándares aplicables a los auditores externos, de manera de garantizar una mayor seguridad e idoneidad técnica. Para ello, se establecen normas que aseguran la rigurosidad de los informes de auditoría y la obligación de los auditores de asistir a las juntas para responder las preguntas de los accionistas.

Oferta Pública de Acciones (OPA)

La Ley Nº 20.382 perfecciona las Ofertas Públicas de Acciones (OPAS), principalmente con aquéllas en que se busca cerrar la propiedad de una compañía. De este modo, en el caso de que una OPA sea declarada exitosa y que el controlador pase a tener una participación superior al 95% de las acciones de una sociedad, el resto de los accionistas minoritarios que conforman el 5% tienen derecho a ejercer su derecho a retiro, obligando a la sociedad a poner en cartera sus acciones. Asimismo, el controlador tiene derecho de opción preferente para comprar las acciones que conforman el 5%.

Rafael Gómez Pinto.

Publicado: 04/12/2009

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