• 13/agosto/2009 •

Plomo en Arica: el peso de las inequidades en salud

<b>Giorgio Solimano Cantuarias</b><br>Médico cirujano de la Universidad de Chile, con especializaciones en pediatría y nutrición infantil en Inglaterra y Estados Unidos. Profesor titular de la Universidad de Chile y Director de la Escuela de Salud Pública, unidad académica dependiente de la Facultad de Medicina de esa misma casa de estudios.

Giorgio Solimano Cantuarias
Médico cirujano de la Universidad de Chile, con especializaciones en pediatría y nutrición infantil en Inglaterra y Estados Unidos. Profesor titular de la Universidad de Chile y Director de la Escuela de Salud Pública, unidad académica dependiente de la Facultad de Medicina de esa misma casa de estudios.

El caso de la contaminación por plomo en Arica parece haber escarbado en terrenos donde hacía tiempo no se escarbaba y haber movilizado a personas e instituciones a las que últimamente no habíamos escuchado levantar su voz en forma decidida. En los últimos días, hemos sido testigos de acusaciones cruzadas, atribuciones de responsabilidad entre autoridades actuales y pasadas, anuncios de medidas especiales y visitas de ministros a la zona.

Arica es hoy foco de la noticia en materia medioambiental, objeto de análisis científicos y motivo de preocupación a nivel nacional. Y, como suele ocurrir en estos casos, la situación de la capital de la XV Región es percibida como única en el país, lo que dista mucho de la realidad.

Las nefastas consecuencias del acopio de materiales tóxicos en centros poblados –o al menos muy cerca de ellos- se han vivido también en otras ciudades de Chile. Un ejemplo es Antofagasta, donde la acumulación de mineral con alto contenido de plomo durante décadas hizo sentir sus efectos sobre la población aledaña al sitio de acopio.

Un estudio realizado en 1998 reveló que el 48% de los niños a los que se les practicó el examen de detección de plomo en la sangre, presentaban concentraciones mayores a 10 microgramos por decílitro; es decir, tres veces más que lo observado en Arica. El año 2005, una investigación realizada por

la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile analizó, entre esos mismos menores, la asociación entre la exposición al plomo y el coeficiente intelectual, corroborándose la evidencia científica internacional, que da cuenta del grave daño que este producto ocasiona sobre el desarrollo neurocognitivo, especialmente en los primeros años de vida.

Al conocerse los resultados del estudio, la fuente de contaminación fue retirada del lugar, tal como se hizo en 1998 en Arica, donde el material tóxico estuvo desde 1984 almacenado a pasos de un sitio densamente poblado. En ambos casos, nadie dijo nada cuando las autoridades de la época permitieron los acopios, sino que fue necesario que aparecieran datos y denuncias concretas de algo que es sabido en todo el mundo. Lamentablemente, el mal ya está hecho y, hasta donde la ciencia ha podido establecer, es irreversible.

¿Qué hacer entonces? Ciertamente, las soluciones no van por el lado de las compensaciones en dinero. Lo primero es sacar a la gente de ahí, pues los sitios de las poblaciones cercanas a lo que fue la planta Promel ya están contaminados y ese problema persistirá. Esas personas requieren además una ayuda especializada de largo plazo, tanto en el área médica como en la educacional. Los daños neurológicos, los abortos espontáneos, las cefaleas permanentes, los dolores a los huesos que sufren los pobladores afectados, no pueden quedar sin atención. Paralelamente, los niños necesitan ser apoyados por psicopedagogos para nivelar en lo posible su rendimiento escolar al de los menores que no han estados expuestos.

Por otra parte, y como parte de las políticas ambientales, de salud y de desarrollo urbano, el área debe ser declarada zona contaminada y se debe evitar que la ciudad se expanda hacia los sectores de riesgo.

Estas acciones y cualquier otra que se pueda emprender, requieren de la voluntad política y el compromiso serio tanto del gobierno central como de las autoridades regionales y locales. Si bien hoy se puede criticar al nivel central por no haber tomado en su momento las medidas preventivas o correctivas que correspondían, cabe preguntarse también por qué, hace más de 20 años, ni el municipio ni los responsables de salud de la región lograron solucionar el problema, apelando a los mecanismos disponibles para ello.

Este es un tema que trasciende al gobierno de turno, a las atribuciones de tal o cual ministerio, a los intereses de la empresa privada o a la ideología del alcalde recién elegido. Es un problema grave y urgente, que, como muchos otros, refleja las profundas inequidades que hieren a nuestro país en el ámbito de la salud pública. Una vez más, son los más pobres quienes sufren las consecuencias de la ignorancia, la irresponsabilidad o la negligencia de otros.

Ante ello, es el momento de que todos los sectores de la ciudadanía actuemos y generemos las instancias para que el mundo científico, los organismos públicos, las empresas privadas y la propia comunidad, en forma conjunta, nos preocupemos por la salud y el bienestar de nuestros compatriotas más vulnerables.

Giorgio Solimano Cantuarias

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