• 04/octubre/2009 •

Política de arrastre: la captura del Estado

<b>Carlos Cuadrado S</b><br>Director Ejecutivo de Grupo Vértice. Periodista. Magíster en Ciencias Políticas.

Carlos Cuadrado S
Director Ejecutivo de Grupo Vértice. Periodista. Magíster en Ciencias Políticas.

Al igual que los buques factorías que surcan el mar territorial con sus gigantes redes, capturando de manera indiscriminada cuanto recurso marítimo se le cruza por delante, el sistema político chileno se comporta de manera similar en las distintas esferas institucionales donde opera, ya sea a nivel central, regional o comunal.

De hecho, ni los organismos no gubernamentales (ONG´s) se salvan de la actitud depredadora que tienen los principales actores, especialmente los partidos políticos, lo que quedó demostrado a través del capítulo chileno de Transparencia Internacional, entidad de amplio prestigio mundial que en nuestro país ha quedado en mal pie tras la alusión que el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, hiciera del documento durante el foro presidencial, que aludía de manera inexacta y sin la validación del directorio local, la sanción que se le aplicó al abanderado de RN, Sebastián Piñera, por no abstenerse de comprar un paquete accionario de LAN tras conocer previamente la FECU de la aerolínea en el año 2006.

¿Cómo puede ser que un informe que se supone debe velar precisamente por la transparencia es poco claro en la forma como se realizó y en sus conclusiones, donde uno de los autores -Marcelo Cerna- es asesor del Ministerio de Hacienda? A ello cabe agregar que los nombres que han ido apareciendo para defender o desacreditar el documento y que forman parte de Chile Transparente son personeros ligados estrecha y directamente a alguna colectividad, como Karen Poniachick (ex ministra de gobierno), Cristián Larroulet (UDI), Patricia Matte (UDI) y Jorge Navarrete Poblete (DC), quien renunció la semana pasada al organismo, entre otros.

Todos ellos representan de manera directa alguna sensibilidad política, lo que demuestra la inexistencia de neutralidad al menos en este informe, transformando la edición 2009 en un verdadero instrumento electoral, lo que generó sorna en los representantes de la ONG a nivel internacional.

También se ha comenzado a saber cuáles son las empresas que están detrás del financiamiento de la entidad, entre ellas Sudamericana de Vapores, Consorcio y Banco de Chile, además de la asesoría que presta Extend (agencia de comunicaciones perteneciente a las hijas del ex ministro Belisario Velasco) y otros tantos organismos que están controlados por connotados hombres de negocios vinculados también políticamente a través de las colectividades.

Si una instancia que está llamada precisamente a velar por la transparencia y la ética en las conductas público-privadas es víctima de una mezquina disputa electoral en su interior, que se puede esperar entonces de lo que ocurra en instituciones públicas, donde la inexistencia de gobiernos corporativos impide la generación de medidas de control y prácticas organizacionales acordes a lo que demanda la sociedad actual.

Ya hemos conocido de múltiples casos como INDAP, CONADI, SESMA y CONAMA por nombrar algunas, que han sido capturadas por cenáculos de intereses políticos partidistas que anulan la misión y objetivo para lo que fueron creadas, vulnerando en muchas ocasiones la normativa vigente y soslayando el bien común por sobre nociones particulares.

Uno de los casos más emblemáticos en este sentido es el conflicto mapuche que aún se mantiene encendido en la novena región del país, donde a pesar de las políticas de Estado diseñadas por los gobiernos de la Concertación y la institucionalidad creada para resolver el dilema de orden constitucional y territorial todavía no ha sido resuelto en gran medida, porque parte importante de los recursos destinados a dicha solución han ido a parar a manos de intermediarios que actúan como operadores políticos.

En el ámbito medioambiental podemos apreciar otro tanto, a través de diversas resoluciones de la CONAMA que han sido cuestionadas legítimamente por no respetar los plazos y requisitos que establece la ley, aprobando proyectos que no cumplen con los estudios de impacto ambiental requeridos, pero que implican negocios en que se juegan importantes sumas de dinero e inversión.

En Chile existe ausencia total de una cultura que promueva ejecutar las políticas públicas en base a consideraciones técnicas y no de orden político partidista, siendo el ejemplo más claro el Transantiago, cuando en octubre de 2005, el entonces presidente Ricardo Lagos decidió apurar el plan maestro de transporte sin que existieran las condiciones de infraestructura y buses adecuadas para hacerlo, lo que derivó posteriormente en una puesta en marcha desastrosa, marcada por la imperiosa necesidad de mostrar logros a la ciudadanía.

De continuar con esta tendencia en que los partidos políticos creen ser dueños o al menos tener parte de la propiedad de determinadas instituciones que son vitales para el desarrollo económico y social del país, terminaremos anclados en el camino intermedio entre el subdesarrollo y el progreso.

Carlos Cuadrado S.

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