• 31/agosto/2010 •

Políticas sociales fallidas en Chile

<b>Leonel Tapia</b><br>Economista Universidad Central.

Leonel Tapia
Economista Universidad Central.

Una de las principales funciones de las políticas sociales es su contribución a la cohesión social, poniendo a disposición de los/las excluidos de los medios para que la sociedad alcance mayores niveles de integración y desarrollo de las potencialidades de todos sus ciudadanos. Sin embargo, los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2009 y del SIMCE muestran que los sectores más vulnerables de nuestro país participan de políticas sociales y educacionales fallidas que poco contribuyen a dicho objetivo.

Las señales son claras: aumenta el número de pobres, empeora la distribución de los ingresos y se mantienen los bajos resultados del sistema educacional chileno. Estos antecedentes son un reflejo de un énfasis en cubrir los déficit de cobertura incrementando el gasto, sin prestar adecuada atención a la calidad y pertinencia de las políticas y programas que se diseñan y ejecutan.

Los cuatro gobiernos de la Concertación se han sentido cómodos con los pilares fundacionales que dejó el gobierno militar en el ámbito de las políticas económicas y sociales.

En lo social, la ecuación es simple: el mercado satisface las necesidades de todos aquellos ciudadanos que tienen capacidad de pago para comprar los servicios sociales (tales como planes de salud, seguridad social, educación, vivienda, entre otros) mientras el Estado se hace cargo de subvencionar (total o parcialmente) las necesidades de todos aquellos que no tienen capacidad de pago y viven en condiciones de pobreza. Es una política social altamente funcional al modelo económico de mercado que mantiene las desigualdades y los privilegios de los poderosos.

Estas condicionantes establecieron las bases para tres fallos en la ejecución de políticas sociales, cuyos resultados son hoy evidentes:

El primer fallo corresponde a la política social más relevante: la educacional que exhibe un mediocre desempeño justamente en los segmentos que más lo necesitan. Así lo evidencian los resultados del SIMCE que año tras año confirman lo que todos sabemos: la población más pobre del país y la clase media accede a educación de inferior calidad. Esto genera un alto costo de oportunidad para el país y las personas que se educan en un sistema ineficaz. El gobierno pasado fue firme en negar la deuda histórica de los profesores, pero débil en impulsar cambios significativos en el modelo educacional chileno. Faltó decisión política, lo cual es difícil de entender teniendo tanto apoyo.

El segundo fallo está vinculado a la validación del sistema privado previsional chileno (AFP) por medio de una Comisión que propuso mejoras respecto a la competitividad del mercado, sin hacer modificaciones sustantivas del mismo. El resultado neto es la entrega a las AFPs de todos los cotizantes viables mientras el Estado asume los costos de los no viables, cubriendo sus necesidades a través de la Reforma Previsional. De esta forma se aseguró el negocio de las AFPs a costa de los sectores medios.

El tercer fallo está vinculado a la implementación del Sistema de Protección Social para abordar la pobreza a través de una plataforma institucional compleja y burocrática. Iniciativa abundante en siglas, sistemas y conceptos teóricos de la inclusión social y el enfoque de derecho, pero basado en un modelo de gestión pesado que se plasma en la entrega de bienes y servicios (atenciones) muchas veces de inferior calidad. El Sistema pone escaso énfasis en el impacto (entendido como la contribución neta a la solución del problema social) y pertinencia de los modelos de intervención, reforzando un enfoque asistencialista que presta poca atención a las dimensiones de empleo e ingreso. En efecto, los programas asociados a la generación de ingresos presentan un débil diseño y estimulan un comportamiento oportunista de los/las participantes. El empeoramiento en la distribución del ingreso que muestra la Encuesta Casen 2009 lo refleja: el 10% más rica de la población gana 46,2 veces más que el 10% más pobre, siendo la mayor brecha en 19 años.

Cabe preguntarse si para avanzar hacia una sociedad más equitativa es suficiente la red de protección social que atiende principalmente a los sectores más pobres y excluidos de nuestra sociedad. Se supone que una red de protección social constituye un seguro ante la eventualidad de situaciones familiares y/o nacionales críticas. Los antecedentes antes expuestos sugieren que, de continuar el mismo camino, se consolidan las desigualdades existentes en nuestro país.

Hay discusiones que deben incorporarse en una agenda pública actualizada de la “cuestión social”. Una de las cuales es hacerse cargo de una política social moderna y eficiente que necesariamente debe ir de la mano de una política económica, poniendo acento en la modificación de las reglas del juego que han permitido la consolidación de la desigualdad en Chile. Su mejor expresión ha sido la consolidación de los grupos económicos que durante estos años han gozados de privilegios y altos niveles de utilidades. Temas como la Reforma Tributaria deben ser parte de la discusión.

Pero también dicha agenda debe hacerse cargo de la calidad y la eficiencia del gasto social, lo cual exige incorporar criterios más precisos en el diseño y evaluación de las políticas y programas sociales. Uno de ellos podría ser el enfoque de costo-impacto que vincula la variable de eficiencia con la del impacto seleccionándose la alternativa que genera el mejor resultado al menor costo. Responde la pregunta a cuánto cuesta reducir en un determinado porcentaje la problemática social (hacinamiento, desempleo, etc.)

Leonel Tapia.

Publicado: 31/08/2010

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