• 01/enero/2009 • Economía
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Propiedad Intelectual: deberes y obligaciones

En la última reunión anual de la International Anti-Counter Fittig Coalition, realizada en Washington DC, Estados Unidos, se entregaron alarmantes cifras relacionadas con los delitos a los Derechos de Propiedad Intelectual. Este problema representa a nivel mundial la cifra de 600 mil millones de dólares anuales.

Además de los artículos que se venden en las calles de todos los países del mundo, también se encuentran falsificaciones de piezas y partes de aviones y vehículos terrestres, medicamentos, productos electrónicos y otros de uso común. Con esta actividad ilegal hay una importante pérdida de impuestos, se pasan a llevar los derechos e inversiones de distribuidores autorizados, además, se generan recursos a las redes del crimen organizado, se fomenta el trabajo infantil y se provocan problemas de seguridad.

Chile cuenta con instituciones independientes – Servicio Nacional de Aduanas, policías, Tribunales de Justicia- que actúan con seriedad y eficiencia dentro del marco normativo que se les ha dado. Con las herramientas existentes debemos ser capaces de evaluar la gravedad, para así no permitir la circulación de productos falsificados o la proliferación de atentados a la propiedad intelectual.

Los Derechos de Propiedad Intelectual no son valorados por la población e incluso por los empresarios. No hay conciencia de que todo lo que hace una persona o una empresa se radica y capitaliza en su nombre y/o en sus marcas comerciales. Si además éstos son generadores de innovaciones susceptibles de protección por la vía de patentes, de obras de dominio, del derecho de autor u otros monopolios legales, son precisamente ellos quienes deben dar el primer impulso para su protección, la que se inicia con el proceso de registro de los derechos al amparo de la normativa existente, lo que le confiere al titular un derecho exclusivo y excluyente para el uso y beneficio de sus creaciones intelectuales, comerciales o industriales.

Finalmente, si el titular de los mismos no ejerce las acciones destinadas a precaverlos o darles término, nuestra institucionalidad resultará insuficiente para actuar de oficio. Debemos reconocer que a pesar de las carencias que puedan existir, hay también una responsabilidad individual y empresarial en la materia.

Juan Enrique Puga

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