• 28/marzo/2011 •

Racionalizar el uso de las cárceles

<b>Juan José Calabrano</b><br>Director Departamento de Derecho Procesal y Penal Facultad de Derecho Universidad San Sebastián.

Juan José Calabrano
Director Departamento de Derecho Procesal y Penal Facultad de Derecho Universidad San Sebastián.

El 8 de diciembre de 2010, el país despertó con la trágica noticia originada en la cárcel de San Miguel, que daba cuenta de un incendio que provocó la muerte de 81 internos, lo que ha generado un ambiente muy turbulento sobre la situación del sistema penitenciario.

Al Estado le compete materializar la función penal en tres etapas: establecimiento de la ley penal, a través de los órganos legislativos; aplicación de la ley penal, por medio de los órganos jurisdiccionales; y ejecución de la sentencia.

De acuerdo al nuevo régimen procesal penal, ingresa a un centro penitenciario el autor, cómplice o encubridor que ha sido condenado por un delito en virtud de una sentencia firme en el marco de un debido proceso. Sin embargo, también entra a un establecimiento carcelario aquel imputado que se encuentra afecto a determinadas medidas cautelares personales.

A la opinión pública le ha llamado la atención que se diga que el penal de San Miguel tenía capacidad para 1.100 internos y su población era de 1.900 reclusos, situación que se repite en otros tantos centros de cumplimiento penitenciario. ¿Cuáles serían las razones?

La más importante es el aumento de la sobrepoblación penal, representada por un alto porcentaje de condenados que se encuentran en establecimientos penales del sistema cerrado o semi abierto. Otra proporción no menor la constituyen los formalizados y procesados en prisión preventiva.

Esta sobrepoblación es producto del castigo que sufre nuestra sociedad por causa de la delincuencia y que va desde la comisión de un delito de más baja peligrosidad hasta aquellos más violentos.

El Estado ha venido enfrentando esta situación de orden material, en parte, con la ampliación y construcción de recintos penales, y también estableciendo un nuevo sistema de concesiones a privados. A lo anterior, se agrega la sólida formación profesional que la Escuela Institucional entrega a recursos humanos calificados, quienes cumplirán funciones en tales establecimientos.

Las posibilidades de otorgar condiciones más dignas al involucrado en un delito, en el marco de una política penitenciaria moderna, pasan en parte por una capacitación y reinserción, las que podrían contribuir de manera importante a prevenir y reducir la delincuencia, unido a una revisión integral –tanto legal como criminológica– de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad que contempla la Ley N° 18.216, a la consideración de la institución del indulto y también prestar atención a la situación humanitaria de aquellos condenados que por razones de salud crítica y edad no sean un peligro efectivo para la sociedad.

En el contexto de esta problemática, el Ejecutivo acaba de dar a conocer un proyecto de ley que se enmarca dentro de una política penitenciaria mayor, que busca la modificación de la legislación penal, optando por el uso racional de las cárceles, en que se pretende conmutar las penas de encierro a unos 10 mil condenados.

El relacionado proyecto marca un cierto avance en la política penitenciaria para optimizar el uso de las cárceles, pero habrá que atender al texto final para saber qué beneficios se van a conceder. Sin embargo, resulta claro que quedan importantes materias a las cuales dar solución en el orden penitenciario para poder alcanzar los modernos estándares que hoy urgentemente se requieren.

Juan José Calabrano.

Publicado: 28/03/2011

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