• 10/septiembre/2009 •

Reformas en Defensa ¿Es verdaderamente un avance democrático?

<b>Jorge Sanz Jofré</b><br>
Analista Internacional, Profesor de Geopolítica, Magíster en Ciencias Militares, Doctor © en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local por la Universidad de Castellón, España

Jorge Sanz Jofré
Analista Internacional, Profesor de Geopolítica, Magíster en Ciencias Militares, Doctor © en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local por la Universidad de Castellón, España

Desde hace un tiempo los Gobiernos de la Concertación han estado interviniendo en los marcos regulatorios con que se han manejado tradicionalmente las Instituciones de la Defensa Nacional.

Cuando la Presidenta ejercía como Ministra de Defensa Nacional centró su actividad en sacar adelante una reforma al sistema de pensiones de las FF.AA. que, reconozcámoslo, tenía muchas deficiencias y muchos aprovechaban esas deficiencias; sin embargo, las reformas alcanzaron niveles que no estaban contemplados en las coordinaciones iniciales y se eliminaron muchos de los pocos beneficios que les dejó Pinochet a los militares retirados; entre ellos la rejubilación que si se mantiene en otros ámbitos de la administración.

Poco tiempo atrás se ha dado luz pública a la reforma del Ministerio de Defensa que junto con eliminar las subsecretarías que vienen funcionando hace cien años a satisfacción y sin que nadie, en un siglo y más, se diera cuenta que se necesitaba un cambio estructural para “optimizar” su labor. Contempla, esta reforma, la creación de la figura del Jefe de Estado Mayor Conjunto. Una figura compleja, extraña, que se inserta entre los Comandantes en Jefe y la Autoridad Política; una Autoridad que según se señala, es el nuevo Ministro de Defensa instalado como órgano superior de colaboración del Presidente de la República, en un redefinición de sus tareas casi en la línea de mando militar.

Este Jefe de Estado Mayor Conjunto aparentemente viene a cumplir una función que corresponde a Fuerzas Armadas Modernas, del siglo XXI, que es la llamada conducción de la Guerra Conjunta, es decir, en un país que opta por la disuasión como principal arma de la Defensa y se orienta a las Operaciones de Paz, se está legislando para la creación de una figura que sólo se justificaría en la guerra, en una guerra que al decir de las propias autoridades está tan lejos en el horizonte que no se ve.

Junto con lo expuesto, es necesario señalar que las Fuerzas Armadas hace muchos años que vienen trabajando la guerra conjunta, incluso antes que la Concertación existiera como ente político; con lo anterior quiero señalar que no es algo que se haya descubierto ahora, lo que sucede es que como la guerra es una situación excepcional, se maneja a través de la institucionalidad que hoy opera y no se necesita crear nueva burocracia ni nuevos cargos en la administración pública para enfrentar la excepción.

A estas dos reformas en el ámbito de las Fuerzas Armadas, hoy se discute el término de la “ley del cobre”. Algunos entienden que la llamada ley del cobre proviene del Gobierno Militar; alguien instaló aquello en el subconsciente colectivo y muchos, producto del fragor de la lucha política, blandieron la derogación de esta ley como bandera sin saber que desde la década del 30, cuando se arrendaban las grandes extensiones de terreno fiscal en Tierra del Fuego, el Estado ha entendido que, por las características de los compromisos que adquiere el Estado para sus Fuerzas Armadas, se necesita de un financiamiento especial para su armamento y equipo.

Es necesario recordar que las Fuerzas Armadas son del Estado, no del gobierno, y cuando el financiamiento de las necesidades pasa por la aprobación del gobierno, dejan de ser del Estado y comienza el germen de la politización. Si hacemos memoria nos encontraremos con que el movimiento llamado Tacnazo y liderado por el General Viaux fue el “grito gremial” de unas Fuerzas Armadas disciplinadas, obedientes, profesionales pero sin material para cumplir su tarea. Desde ahí para adelante la historia es conocida.

Curioso resulta que por una parte, la modernización del Ministerio de Defensa tiene relación con la creación de un mando militar que cumplirá su tarea sólo en caso de guerra y por otra parte se restrinja el uso de recursos que se destinan para armamento y equipo para la guerra. Una de las dos reformas no se justifica

Maquiavelo nos hacía referencia al uso de poder del Príncipe cuando veía que su estado estaba en dificultades. Desde el retorno a la democracia se ha tratado de imponer en la opinión pública que las Fuerzas Armadas cargan con una leyenda negra de abuso de Poder y que además tienen la voluntad de ejercer el Poder “en contra del Príncipe”. El desconocimiento del profesionalismo de las FF.AA. hace que la opinión pública crea este discurso, pero, y aquí lo grave, se ha instalado esto casi como una verdad sin discusión por lo tanto, todas las acciones que se lleven a cabo para someter a las FF.AA. al poder político (como si no lo estuvieran), son bienvenidas. Como señalaba Maquiavelo, el fin justifica los medios.

José Ortega y Gasset decía “A la república solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia el porvenir”. Esta máxima de Ortega y Gasset nos hace pensar en ¿cuál es la necesidad de todo lo descrito?

Jorge Sanz.

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