• 10/agosto/2009 •

Régimen de seguridad entre Colombia, Venezuela y Ecuador

<b>Cristián Garay Vera</b><br>Académico e investigador IDEA-Usach. Doctor en Estudios Americanos con Mención en Relaciones Internacionales, Universidad de Santiago de Chile.

Cristián Garay Vera
Académico e investigador IDEA-Usach. Doctor en Estudios Americanos con Mención en Relaciones Internacionales, Universidad de Santiago de Chile.

En el día en que se entregaba la UNASUR desde Chile a Ecuador, Hugo Chávez, saliéndose de la programación, más no de sus anteriores intervenciones públicas, sostuvo que la mantención del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para mantener bases conjuntas hacía que “soplen vientos de guerra en la región”. Lo hizo con su estilo característico, lleno de pasión y metáforas. El presidente Morales, con no menos virulencia, advirtió que era necesario “salvar al pueblo colombiano de los militares norteamericanos”.

Lo curioso era que poco días antes, y tras otro altercado con Bogotá, acerca de por qué aparecieron cohetes suecos en poder de las FARC, adquiridos por el ejército venezolano, el propio Chávez había normalizado a su modo –enviando de nuevo a su embajador a Bogotá- las relaciones tras recibir una visita del frente político afecto a la senadora Piedad Córdoba y anunciar que un grupo de “colombianos por la paz” le había pedido hacer esto, a la vez que anunciaba restricciones mayores al comercio bilateral.

Desde luego hay que aplaudir la genialidad mediática de Chávez. Hablar de una guerra puramente verbal y simularla como real, cuando en Colombia hay absoluta ausencia de ese clima, mantener ese clima de beligerancia y que otros, como la presidenta de Argentina crean que es real (“estado de beligerancia inédito e inaceptable”) es un éxito en sí.

Pero claro, estas denuncias suceden después que Bogotá dio trazas bien claras acerca de la implicación de Correa y su entorno en reuniones en territorio ecuatoriano, con las FARC. Que Estados Unidos está empezando a considerar que ese país podría ser un “sponsor” es decir patrocinador del terrorismo de Estado, amparando esos grupos. Que están implicados, esta vez por documentos que entregó el propio Correa, su ex Ministro de Seguridad, miembros de la Casa Militar, y el asesor del ex Ministro, es decir un grupo que difícilmente habría actuado –como dice Correa- a espaldas de él y de su Revolución.

Por otra parte una mirada creativa del tema revela algunas cuestiones de fondo sobre esta y otras crisis recurrentes en la región. La primera es que la única democracia que funciona con estándares formales es la colombiana, ya que tanto Ecuador como Venezuela funcionan sobre mandatos absolutos entregados en Cartas Constituyentes al líder de la revolución. Carecen de mecanismos efectivos de fiscalización y de cuentas (accountibility). Chávez puede decir que hoy mueve las tropas y mañana las retira, que hoy ofende, y mañana se disculpa y reconcilia como cualquier pareja mal avenida. El problema es que hablamos de relaciones internacionales.

Las relaciones entre Estados requieren ciertas formalidades, una de ellas, y no es vacua como algunos creen, es la diplomacia. La diplomacia lima y procedimenta las formas de dialogar. Aquí hay una crisis entre señales de agresión y agresiones reales, entre formas de intervenir y exigencias de soberanía, entre excesos retóricos sobre los conductores de los países, se ha establecido un estándar que hace imposible relaciones civilizadas, y ello no solo afecta a Uribe con Chávez, sino también, por ejemplo a Morales con García. Desde luego Chávez requiere un contrapeso institucional y una fiscalización, que le haría más difícil agitar vientos de guerra con tanta facilidad. La presidenta Bachelet, aunque lo quisiera, no podría determinar solo con su pura intuición semejantes maniobras y en la historia de Chile está consignada la famosa “Guerra de don Ladislao”, que marca el descredito de tales maniobras bélicas con fines de consumo interno.

En una democracia sólida estos arranques están contenidos por el control parlamentario, hay que reconocer que este no existe en este caso porque hay identidad entre el ejecutivo y el legislativo, debemos avanzar un paso más, que es proponer derechamente un régimen de seguridad para la zona norte de América del Sur. Este puede consistir en ciertas medidas primarias de confianza mutua; en teléfonos rojos, blancos o azules como se quiera; en observadores independientes de las partes en zonas rojas o “calientes”; en un conjunto de ambiciones concretas y restringidas como las propias de los regímenes internacionales. Esto es contener las señales inamistosas, y mantener la paz en la zona. Y debe ser convenido y aceptado por los países implicados; no impuesto, ni tampoco forzado como intervención extrarregional.

Hoy en día se si quiere salvar a la UNASUR de excesos retóricos y de cierta izquierdización que la perdería como instrumento de integración, debe avanzarse en medidas serias. UNASUR ya se ha hecho sorda, como la OEA, a los documentos que prueban la implicación venezolana y ecuatoriana en Colombia. No podrá en cambio ser ciega, sorda, y muda, respecto a un quiebre de la paz en la subregión.

Cristián Garay Vera

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