• 21/junio/2013 • Política
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Sólo nos Falta la Fuerza

<b>Hermógenes Pérez de Arce</b><br> Columnista, Político y abogado. <br> -- <br> <a target="_blank" href="http://blogdehermogenes.blogspot.com/">Pagina Web</a>

Hermógenes Pérez de Arce
Columnista, Político y abogado.
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«Jamás en ninguna causa en que se investigaron graves atentados a los derechos humanos he aplicado ni la prescripción, ni la media prescripción, ni la amnistía, y espero que eso haya quedado claro», dijo la ministra Gloria Ana Chevesich para respaldar su aspiración a ser nombrada integrante de la Corte Suprema por el Senado.

Debe ser la primera vez que algún aspirante a integrar alguna Corte Suprema en algún país civilizado esgrime como argumento para ser nombrado el haber dejado las leyes sin aplicación. «He atropellado el derecho, luego desígnenme», ha querido decir Chevesich a los senadores.

Y lo más grave es que ella debe decirlo, si es que quiere ser designada, porque sabe –y todos sabemos– que la mayoría del Senado sólo votará en su favor si deja en claro que no está dispuesta a respetar la legalidad. En otras palabras, el Senado exige, para designar a alguien en la Corte Suprema, una garantía de que el aspirante ha desconocido y va a seguir desconociendo la legalidad.

Pero ¿de dónde emana el título de los senadores para ejercer sus funciones de tales? De la legalidad. Pero ¡cómo! Si ellos la están invalidando. Entonces, su propia condición de senadores queda en tela de juicio, porque la tienen en virtud de las leyes, cuya invalidez ellos mismos proclaman. Luego, si confiesan carecer de título para desempeñar su función, deberían ser destituidos. Pues no son legítimamente legisladores. Están ahí sólo por la fuerza, ya que la ley que podría legitimar su desempeño, dicen ellos mismos, no vale.

Es que, cuando no se respeta la ley, lo único que vale es la fuerza. Cuando los senadores están desconociendo su propio título para ejercer como tales, quiere decir que sólo están de facto en sus curules. Los ocupan en virtud de la fuerza. Si hubiera una fuerza mayor que la suya y cerrara el Senado, ese acto sería legítimo, porque sólo impondría una fuerza superior a otra que se había enseñoreado del Senado sin título legal, puesto que proclama la invalidez de las leyes.

La declaración de Gloria Ana Chevesich para obtener los votos que le faltan para ser designada son, pues, la simiente para el derrumbe del Estado de Derecho. Ante el desconocimiento de las leyes, el paso siguiente es sólo determinar qué fuerza habrá de prevalecer, como es propio de la llamada «Ley de la Selva», que es la que reemplaza al Estado de Derecho cuando éste deja de imperar.

Y conste que este estado de cosas no sólo compromete al Senado, sino al Gobierno y al resto de la institucionalidad, que hasta ahora encontraban su sustento en la legalidad.

Cualquier grupo puede hoy en Chile decir: «Sólo nos falta la fuerza para hacernos del poder», y tendrán razón, porque ha dejado de valer el título de la legalidad.

Hermógenes Pérez de Arce

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