• 30/septiembre/2009 •

Suicidios en las cárceles

<b>Iván Fuenzalida Suárez</b><br>Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público.

Iván Fuenzalida Suárez
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público.

Desde que la facultad de castigar la comisión de delitos se radicó en el poder público, la privación de libertad como sanción penal se ha instalado como el más recurrente de los castigos. La mayor parte de los esfuerzos, desde entonces, se ha centrado en la búsqueda de un sistema penitenciario que logre del modo más eficiente la “redención” del delincuente. Los primeros sistemas, con fuerte inspiración religiosa, asociaban el delito con la noción de pecado y, por ende, ponían el acento en la reflexión que condujera al penado al arrepentimiento. Para esto, el asilamiento físico y espiritual era indispensable, además de la implantación de la “ley del silencio” que prohibía al recluso no sólo hablar sino también escuchar a otros seres humanos. Obviamente, estos sistemas provocaban graves daños a la salud mental de los condenados. Su origen se encuentra en el llamado sistema celular, que nació en Filadelfia a fines del siglo XVII y que se expandió notablemente por Europa durante el siglo XIX.

Muchos otros modos de cumplir la pena privativa de libertad se han ensayado antes y después de eso. Hoy en día, la mayor parte de los sistemas penitenciarios del mundo y, por cierto, el nuestro, adscriben en mayor o menor grado a los llamados sistemas progresivos, que pretenden la reinserción social del delincuente a través, principalmente, del trabajo, la educación y la concesión gradual de espacios de libertad a través de permisos de salida. Casi todos los sistemas conservan algo del sistema celular, como el aislamiento nocturno, lo que parece saludable.

Dado que la casi totalidad de las penas de cárcel tienen un límite temporal y que, por ende, casi todos los encarcelados recuperarán algún día su libertad, de lo que se trata es que el sistema haga algo que permita que, al recuperar su libertad, el condenado cuente con posibilidades reales de insertarse respetando las normas de convivencia. Para algunas personas –muchas, lamentablemente- tales esfuerzos podrían evitarse “secando” a los delincuentes en la cárcel o aplicando derechamente la pena de muerte. Sin embargo, parece difícil que ello ocurra cuando la mayor parte de los encarcelados han sido condenados por delitos contra la propiedad como robos y hurtos, es decir, resultaría muy llamativo condenar a muerte o a presidio perpetuo calificado a alguien que se robó una gallina. En consecuencia, el sistema debe al menos tratar de lograr que el ladrón no siga robando gallinas al finalizar el cumplimiento de su pena.

En Chile, tradicionalmente, esta tarea fue asumida por el aparato público a través de las cárceles administradas por Gendarmería. Hoy, gran parte de la población encarcelada está en establecimientos administrados por privados vía concesiones. Según información proporcionada por Gendarmería de Chile, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, de un total de 51.737 a que asciende nuestra población penal encarcelada, el 20,6%, es decir, 10.669 personas permanecen recluidas en establecimientos concesionados. El 79,4% restante (41.068 personas) está recluido en establecimientos públicos tradicionales.

La información que se difunde en la prensa nos indica que la calidad de vida de los reclusos es considerablemente mejor en los establecimientos concesionados que en los públicos. A pesar de ello, es en los establecimientos privatizados donde los reclusos presentan la más alta tasa de suicidios. Este fenómeno, que hasta ahora sólo ha sido materia de conversaciones en círculos reducidos, según datos proporcionados por Gendarmería, se traduce en que de la totalidad de los suicidios ocurridos en las cárceles durante el 2008 (15 eventos), el 53,3% lo fue en Unidades concesionadas. El 46,7% restante ocurrió en Unidades tradicionales.

Al relacionar las cifras tenemos que los establecimientos concesionados albergan al 20,6% de la población encarcelada, pero concentran el 53,3% de los suicidios que afectan a esta población. Dicho de otro modo, en cifras redondas, mientras en las cárceles tradicionales 1,75 por cada 10.000 personas se suicida, en las concesionadas la cifra es de 8 por cada 10.000. En suma, en las cárceles concesionadas los reclusos presentan una tendencia a quitarse la vida más de cuatro veces superior a la observada en los establecimientos tradicionales.

Hay algo que no cuadra. Si se supone que estos establecimientos han permitido una mejora sustancial en la calidad de vida de los reclusos ¿por qué es precisamente allí donde se han incrementado los suicidios? De acuerdo con estos datos, ocho de cada diez mil presos en cárceles concesionadas se quitaron la vida durante su reclusión. Para ellos ni la evolución de los modelos penitenciarios, ni la supuesta mejora en los estándares de calidad, ni los esfuerzos rehabilitadores fueron capaces de superar la desesperanza que los hizo terminar con su vida. Me parece que la gravedad del problema amerita un esfuerzo para descubrir los factores que inciden en él. Por ahora, sólo podemos estar seguros de que ninguna de esas personas había sido condenada a muerte por un juez.

Iván Fuenzalida Suárez.

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