• 28/agosto/2013 •

Transparencia y derechos sociales: lecciones de un caso cercano

<b>Carlos Contreras Quintana</b><br>abogado

Carlos Contreras Quintana
abogado

En la última semana se ventiló ante la opinión pública por medios radiales y escritos el reclamo de la Fundación Esperanza ante la entrega del programa para el cuidado de niños y niñas víctimas de violencia, vulnerados en sus derechos más básicos, a una nueva institución considerando que dicho programa fue licitado y en dicho proceso se ganó el derecho a ejecutarlo.

Sin perjuicio de cuestiones particulares relacionadas con el tema y su extraña conclusión es bueno, a propósito de este hecho tan cercano, sacar algunas lecciones.

La licitación es un proceso que permite asegurar niveles de transparencia, o por lo menos de publicidad, en las licitaciones de bienes y servicios que requiere el Estado para la atención de necesidades sociales, de la comunidad en general, y de lo más desposeídos material o culturalmente en lo particular.

Sin perjuicio de lo indicado, la circunstancia que se licite un proceso no da plena garantía de transparencia, pues en la sola elaboración de las bases existe un criterio de la autoridad que determina en alguna medida ya un determinado sector objetivo de posibles oferentes y, con ello, determinar en alguna medida el resultado.

Ahora bien, ¿todos los bienes y servicios tienen que ser licitados?, de acuerdo a la Ley de Compras Públicas señala que los contratos que celebre la administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones, deben ser licitados. ¿Qué sucede con estos servicios que implican una especialidad profesional y una trascendencia en la vida de los niños y niñas que ya han tenido una alta cuota de sufrimiento?.

Podemos concluir que la transparencia no se da necesariamente por la licitación pública, así como no es posible que cada función del Estado deba someterse a estos procesos, sobre todo cuando forma parte del servicio los sentimientos y la estabilidad de personas.

A fin de cuentas los ciudadanos entregan un voto de confianza a sus gobernantes y, en estas materias tan delicadas, deberían ser puestos a prueba, asumiendo que buscarán lo mejor para los usuarios, los gobernados sin distraerse en beneficiar, eventualmente, a uno u otro privado, ni perjudicando a los beneficiarios, pues a fin de cuentas el Estado sigue estando al servicio de la persona humana.

Carlos Contreras Quintana

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