• 23/julio/2018 • Economía
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Tributación del comercio digital: ponerle el cascabel al gato

Claudio Bustos A.
Abogado Socio Bustos Tax & Legal

La situación tributaria del comercio digital ha estado en el centro del debate económico en las últimas semanas. Todo se debe a que muchas de las empresas que prestan servicios o venden bienes a través de plataformas digitales, no estarían pagando los impuestos que corresponden sobre las rentas que sus negocios generan en Chile, lo cual ha motivado que el gobierno manifieste su preocupación al respecto, como también el resto del comercio no-digital, el cual reclama por la inequidad que esta situación genera.

La razón por la que estas empresas no están tributando radica, en parte, en una limitación legal, pues los conceptos que tipifican los hechos gravados en la normativa actual están normalmente referidos a realidades físicas, no virtuales, pero también ha existido una excesiva timidez por parte de la autoridad para la fiscalización de este tipo de comercio.

Lo concreto es que estamos en presencia de grandes empresas internacionales, la mayoría sin presencia legal formal en Chile, pero que vienen desarrollando, en forma sistemática y permanente, actividades económicas en nuestro país, y generando rentas de fuente chilena.

La pregunta que surge naturalmente como conclusión es cómo debieran tributar estas empresas por sus rentas de fuente chilena, y cómo puede facilitarse su fiscalización. Una primera alternativa de tributación, al menos teóricamente viable, es la aplicación del Impuesto Adicional a los pagos que se remesan al exterior a estas compañías.

El Impuesto Adicional grava las rentas que perciben desde Chile las personas naturales y jurídicas sin domicilio ni residencia en nuestro país, y opera como un impuesto de retención, lo que significa que quien paga la renta es quien debe retener y pagar el impuesto al Fisco.

Sin embargo, el gran inconveniente de este impuesto radica en que se aplica sobre los ingresos brutos que la empresa extranjera percibe y no sobre la utilidad, lo cual, evidentemente, puede convertirse en un gravamen inviable e imposible de solventar para una empresa que realiza negocios en forma permanente en Chile, especialmente si se considera que las tasas de este impuesto serían del orden de un 30% o 35%. De aplicar dicho impuesto, habría que calcular el margen de utilidad que genera el negocio de la empresa extranjera, y aplicar una tasa más baja sobre el ingreso, que sea equivalente a aplicar la tasa mayor sobre el margen.

Otra opción, sin el inconveniente anterior, consiste en introducir en nuestra normativa el concepto de “establecimiento permanente virtual”, ya utilizado en otras legislaciones, el cual permitiría presumir que una empresa extranjera sin presencia formal física en Chile, pero que desarrolla comercio digital en forma habitual en el país, debe tributar como si estuviera establecida en Chile, determinando anualmente su renta líquida imponible, la cual quedaría gravada con el Impuesto de Primera Categoría que pagan todas las empresas en Chile. Esto último permitiría a la empresa deducir los gastos incurridos en su operación, de tal manera de que se tribute sobre la utilidad del negocio y no sobre el ingreso.

En cuanto a la fiscalización, es importante utilizar las fuentes de información disponibles en Chile, como pueden serlo, por ejemplo, los bancos u otras instituciones que recaudan y remesan los pagos relativos al comercio digital, quienes debieran proporcionar regularmente esta información, en términos de volumen, a la autoridad a través de alguna declaración jurada. En mi opinión, el tema es menos complejo de lo que parece, simplemente hay que ponerle el cascabel al gato.

La situación tributaria del comercio digital ha estado en el centro del debate económico en las últimas semanas. Todo se debe a que muchas de las empresas que prestan servicios o venden bienes a través de plataformas digitales, no estarían pagando los impuestos que corresponden sobre las rentas que sus negocios generan en Chile, lo cual ha motivado que el gobierno manifieste su preocupación al respecto, como también el resto del comercio no-digital, el cual reclama por la inequidad que esta situación genera.

La razón por la que estas empresas no están tributando radica, en parte, en una limitación legal, pues los conceptos que tipifican los hechos gravados en la normativa actual están normalmente referidos a realidades físicas, no virtuales, pero también ha existido una excesiva timidez por parte de la autoridad para la fiscalización de este tipo de comercio.

Lo concreto es que estamos en presencia de grandes empresas internacionales, la mayoría sin presencia legal formal en Chile, pero que vienen desarrollando, en forma sistemática y permanente, actividades económicas en nuestro país, y generando rentas de fuente chilena.

La pregunta que surge naturalmente como conclusión es cómo debieran tributar estas empresas por sus rentas de fuente chilena, y cómo puede facilitarse su fiscalización. Una primera alternativa de tributación, al menos teóricamente viable, es la aplicación del Impuesto Adicional a los pagos que se remesan al exterior a estas compañías.

El Impuesto Adicional grava las rentas que perciben desde Chile las personas naturales y jurídicas sin domicilio ni residencia en nuestro país, y opera como un impuesto de retención, lo que significa que quien paga la renta es quien debe retener y pagar el impuesto al Fisco.

Sin embargo, el gran inconveniente de este impuesto radica en que se aplica sobre los ingresos brutos que la empresa extranjera percibe y no sobre la utilidad, lo cual, evidentemente, puede convertirse en un gravamen inviable e imposible de solventar para una empresa que realiza negocios en forma permanente en Chile, especialmente si se considera que las tasas de este impuesto serían del orden de un 30% o 35%. De aplicar dicho impuesto, habría que calcular el margen de utilidad que genera el negocio de la empresa extranjera, y aplicar una tasa más baja sobre el ingreso, que sea equivalente a aplicar la tasa mayor sobre el margen.

Otra opción, sin el inconveniente anterior, consiste en introducir en nuestra normativa el concepto de “establecimiento permanente virtual”, ya utilizado en otras legislaciones, el cual permitiría presumir que una empresa extranjera sin presencia formal física en Chile, pero que desarrolla comercio digital en forma habitual en el país, debe tributar como si estuviera establecida en Chile, determinando anualmente su renta líquida imponible, la cual quedaría gravada con el Impuesto de Primera Categoría que pagan todas las empresas en Chile. Esto último permitiría a la empresa deducir los gastos incurridos en su operación, de tal manera de que se tribute sobre la utilidad del negocio y no sobre el ingreso.

En cuanto a la fiscalización, es importante utilizar las fuentes de información disponibles en Chile, como pueden serlo, por ejemplo, los bancos u otras instituciones que recaudan y remesan los pagos relativos al comercio digital, quienes debieran proporcionar regularmente esta información, en términos de volumen, a la autoridad a través de alguna declaración jurada. En mi opinión, el tema es menos complejo de lo que parece, simplemente hay que ponerle el cascabel al gato.


Claudio Bustos
A. Abogado Socio Bustos Tax & Legal

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