• 17/noviembre/2010 •

Un proceso de reforma hacia estándares internacionales

<b>Juan José Calabrano</b><br>
Director Departamento de Derecho Procesal y Penal Facultad de Derecho Universidad San Sebastián.

Juan José Calabrano
Director Departamento de Derecho Procesal y Penal Facultad de Derecho Universidad San Sebastián.

Hoy día asistimos a un profundo proceso de Reforma de la Justicia Militar, y dentro de este contexto, recientemente, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al Proyecto de Ley enviado por el Presidente de la República.

El referido Proyecto de Reforma de la Justicia Militar que hoy convoca nuestra atención contiene disposiciones especiales sobre el Sistema de Justicia Militar y se encuentra inmerso en el marco de perfeccionamiento y modernización de la Defensa Nacional.

En Chile se han producido avances en particular en el ámbito judicial, especialmente en la Justicia Penal, pero sin embargo en cuanto a la Justicia Militar, existen materias en que hay un evidente retraso en comparación con otros países.

En este orden de ideas, un importante paso se da en este Proyecto de Ley al delimitar la jurisdicción y competencia de la Justicia Militar, para excluir de su ámbito de acción a los civiles. Por lo anterior, se ha tenido en consideración que los hechos constitutivos de delitos militares o relacionados con bienes jurídicos relativos a las Fuerzas Armadas y de Orden, que hayan sido perpetrados por civiles, deberán ser siempre investigados y juzgados por la Justicia Penal ordinaria, con lo cual la jurisdicción castrense deberá aplicarse únicamente a los uniformados.

Esto implica que todo delito que sea cometido por un civil, siempre será conocido, investigado y juzgado por la Justicia Penal, ya sea Tribunales de Garantía, Tribunales del Crimen o Tribunales de Letras con competencia en lo criminal, según corresponda.

Adicionalmente, el Proyecto de Ley establece que los menores de edad no están sujetos, en ningún caso, a la competencia de los Tribunales Militares, lo cual está en concordancia con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño. Igualmente, aborda el problema de los casos de coautoría y coparticipación en que aparecen involucrados tanto civiles como militares, regulándose que los uniformados quedarán sujetos a la jurisdicción castrense, mientras que los civiles a la penal ordinaria.

Es indudable que con este paso se ha logrado un importante avance que permitirá que la Justicia Militar pueda alcanzar el nivel exigido por los estándares internacionales en las materias propias de la jurisdicción del fuero.

Un proceso de reforma hacia estándares internacionales.

Juan José Calabrano.

Publicado: 17/11/2010

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